El Gobierno decidió actualizar un 70% el monto del reintegro a los consumos realizados con tarjeta de débito de los sectores de menores ingresos. Así definió aumentar hasta $1200 el reintegro a las compras con tarjeta de débito realizadas por personas jubiladas y pensionadas que cobran el haber mínimo y titulares de la Asignación Universal por Hijo –AUH- y la Asignación Universal por Embarazo –AUE.
Tras la decisión del Gobierno, el monto máximo del reintegro ascenderá a $2400 para titulares de la asignación universal con 2 o más hijos.
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Según el Gobierno, la medida impacta en el consumo de 1.300.000 personas. La medida acordada por el gabinete económico extiende la vigencia del reintegro hasta fin de año y amplía el universo de productos alcanzados para incluir los gastos en farmacias.
“La recuperación de los ingresos reales de las familias es un objetivo central de la política económica. En esa lógica se inscribe esta ampliación del reintegro para las compras realizadas con tarjeta de débito, que comenzará este jueves 1 de julio y se extenderá hasta fin de año”, afirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La actualización del reintegro y la incorporación de los gastos en farmacias serán instrumentados por la AFIP. “La actualización del reintegro y la incorporación de los gastos en farmacia se suma a los esfuerzos del Gobierno para impulsar el consumo de los sectores de menores ingresos. Son medidas que apuntalan la recuperación y fortalecen el mercado interno”, expresó la titular del organismo recaudador, Mercedes Marcó del Pont.
Desde el Gobierno explicaron que los reintegros se acreditan en forma automática cuando las y los jubilados, pensionados y titulares de la AUH realizan compras en comercios con las tarjetas de débito asociadas a las prestaciones de la seguridad social. La decisión actualiza el monto del reintegro, amplía el beneficio a los gastos en farmacia y extiende su vigencia hasta fin de año.
El reintegro del 15 por ciento a las compras con tarjeta de débito para los sectores de menores ingresos fue creado en diciembre de 2019 por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva como una herramienta para apuntalar la reactivación del mercado interno.
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