El Gobierno salió a defender su política para las personas con discapacidad en medio de la fuerte discusión que abrió el Presupuesto 2027 y de los cuestionamientos de organizaciones, familias y prestadores por el ajuste previsto para el sector.
Este marte, el vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que “para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad” y buscó llevar tranquilidad a quienes reciben pensiones no contributivas.
Las declaraciones se producen después de que el proyecto de Presupuesto introdujera cambios en el régimen de pensiones por discapacidad, entre ellos una incompatibilidad más estricta con el empleo formal y modificaciones en el esquema de prestaciones, que precipitaron la salida del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches.
En ese contexto, Ravier sostuvo que “desde que Javier Milei es presidente ninguna persona con discapacidad se ha quedado sin el beneficio” y afirmó que el Presupuesto 2027 no pone en riesgo la continuidad de las pensiones.
El Gobierno defiende las auditorías y habla de “malas políticas”
El vocero también volvió sobre uno de los argumentos que el Gobierno utiliza para justificar la revisión del sistema: las irregularidades que, según sostiene, existían en la asignación de pensiones durante la gestión anterior.
“Recordemos el uso político que han hecho de los recursos asignados a personas con discapacidad”, planteó Ravier, y aseguró que hubo localidades donde se registraba una cantidad de pensiones por discapacidad superior a la cantidad de habitantes.
En esa línea, defendió las auditorías internas realizadas por la administración de Milei para revisar el sistema y sostuvo que el objetivo fue terminar con lo que calificó como “malas políticas” del Gobierno anterior.
La discusión, sin embargo, no quedó limitada a las pensiones. Las organizaciones de discapacidad vienen cuestionando también el deterioro de las prestaciones y los valores que reciben los prestadores, en un escenario donde el propio proyecto oficial modifica el funcionamiento del nomenclador.
“No van a perder el beneficio mientras Milei sea presidente”
Ravier buscó llevar certidumbre a las familias de los beneficiarios. “El mensaje para las familias de las personas con discapacidad es que se queden tranquilas de que no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea presidente”, afirmó.
Según explicó, la intención del Gobierno es que los valores se actualicen “por lo menos” de acuerdo con la inflación. El funcionario vinculó esa decisión con el objetivo central de la administración libertaria de sostener el equilibrio fiscal.
En relación con el nomenclador, admitió que todavía puede haber negociaciones y eventuales modificaciones. “Puede haber una ayuda en algún momento, pero como mínimo va a acompañar el IPC”, sostuvo, aunque aclaró que todavía no está definido si la actualización será mensual o trimestral.
El Presupuesto 2027 establece precisamente que, para las prestaciones a cargo del Estado nacional, los aranceles podrán determinarse trimestralmente o ajustarse por el IPC del INDEC si existen demoras.
La renuncia que volvió a poner el tema en el centro
Las declaraciones del vocero llegan además un día después de la renuncia de Alejandro Vilches como secretario nacional de Discapacidad. El funcionario presentó su salida argumentando “razones estrictamente personales”, sin vincularla públicamente con la discusión presupuestaria.
Vilches había asumido el cargo después de la salida de Diego Spagnuolo y apenas tres semanas antes había expuesto ante la Comisión de Discapacidad de Diputados para explicar los cambios impulsados por el Gobierno. Su renuncia se conoció en plena discusión parlamentaria por el Presupuesto y por la continuidad de la Emergencia en Discapacidad.
Desde el oficialismo, Ravier descartó agregar elementos a la salida del funcionario y sostuvo que se debió a motivos personales. “Cuando tengamos el reemplazo será comunicado”, señaló.
La discusión tampoco pasó inadvertida dentro de las propias filas libertarias. Patricia Bullrich cuestionó que las modificaciones sobre discapacidad hayan llegado al Congreso sin haber sido discutidas previamente en la mesa política del Gobierno y las calificó como una decisión que podía complicar la negociación parlamentaria.
