Transparencia Internacional (TI), una organización no gubernamental que año a año analiza los índices de percepción de corrupción de los países de todo el mundo, publicó su reporte y señaló que la Argentina bajó dos puntos durante el primer año de gobierno del Frente de Todos.
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En su segundo año, volvió a caer: hoy se conoció que obtuvo 38 puntos sobre 100 posibles y que está en el puesto 96 sobre 180, 18 lugares más abajo que el año pasado.
Lo que pocos se preguntan es ¿quién elabora el ranking? ¿La percepción de quiénes contempla? ¿Cuál fue el criterio por el cual hubo un “retroceso” en el país? El uso político de las “sensaciones” de inversores y empresarios que, para muchos, tiene la misma credibilidad que “leer el horóscopo” y el impacto de sobredimensionado en la opinión pública.
Ranking de corrupción: algunas preguntas necesarias
La primera pregunta resulta bastante lógica y simple. ¿Quiénes financian Transparencia Internacional? De acuerdo a los pocos precisos datos públicos de la ONG, los fondos provienen de “una variedad de donantes, incluidos organismos gubernamentales, fundaciones, instituciones multilaterales, el sector privado y particulares”.
Aunque aclaran que las donaciones no condicionan “la independencia” del ranking, lo cierto es que sólo el 0.20% de las contribuciones del 2019 fueron realizadas por “individuos y particulares”, mientras que el 63.87% del presupuesto responde a donaciones de agencias gubernamentales, el 16.9% de instituciones multilaterales y el 13% de fondos de inversión.
Así, el departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los aportantes (aunque no se precisan montos); la secretaría de asuntos externos de Alemania hace lo propio año a año, en línea con las contribuciones del Banco europeo por la Reconstrucción y el desarrollo. En total, el 71% de los fondos proviene de agentes europeos, mientras que sólo el 19% de los ingresos tienen origen americano y el 10% restante llega de Asia.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano –capítulo argentino de TI- reconoce en diálogo con Infocielo: “No conozco el detalle de quiénes lo financian, porque nosotros nos manejamos con autonomía. Es una ONG que trabaja desde hace veinte años, no es que lo financia la Unión Europea. Nosotros somos el capítulo argentino, pero somos dos organizaciones autónomas que mantienen una relación institucional. TI tiene muchísimos donantes”.
En el último reporte, la Argentina se ubicó en el puesto 78 –sobre un total de 180 países-. El puntaje fue de 42 puntos, tres menos que en 2019 cuando se produjo el pico histórico de la Argentina. Es decir que fue durante el último año de la administración de Mauricio Macri el momento de “mayor percepción de transparencia” por parte de los mencionados organismos. La baja de los 12 puntos en el ranking mundial obedece a los movimientos de otros países.
“La conclusión que nosotros hacemos es que la Argentina está estancada en el ranking, más allá de algunos avances circunstanciales. Me parece más importante el puntaje que el ranking, porque en el listado general tu rendimiento depende más de si otros países avanzan mucho o empeoran más que los otros. El país se mantiene en este estancamiento del que hablaba. A veces acelera un poquito, como se vio en los últimos años. Pero siempre estamos en un mismo lugar”, detalla Secchi.
-¿Cómo se explica que en el 2015 la Argentina recibiera 32 puntos y un año después escalara a 36? En 2017 trepó a 39, un año después a 40 y en el año electoral recibiera el mayor puntaje de su historia, con 45 puntos.
-La era Macri despertó un poco de esperanza, especialmente para la gente que mira la corrupción. Se avanzaron en cosas importantes como la Ley de acceso a la información pública. Tuvo mucho impacto lo que fueron las investigaciones por las causas de corrupción e incluso algunos de los encarcelamientos. Pero en lo estructural no hubo cambios significativos, seguimos sosteniendo que el país está en un proceso de estancamiento. Con Macri, con Alberto Fernández y con quién sea. La gente que elabora el ranking de percepción no tiene idea de quién gobierna en el país.
-Podría suponerse entonces que, con el avance actual de las causas por corrupción y espionaje ilegal a opositores y oficialistas durante el gobierno de Macri, el país debería ver un impacto positivo en la percepción de corrupción en el próximo año
-Se toma un promedio de los últimos dos años. En este caso, se percibió que la Argentina era un poquito más transparente o que por lo menos estaba luchando contra la corrupción. Hay que pensar en el número y no tanto en el ranking. Llegó a su mejor momento con 45, pero después empezó a bajar de nuevo.
Uno de los pocos datos objetivos –o menos imparciales- del reporte es de corte político: la percepción de los encuestados por TI considera que las causas por corrupción que investigan al gobierno de Cristina Kirchner son “avances”, mientras que las iniciadas por sospechas durante la administración Macri no tuvieron un impacto concreto en su opinión.
“No es un índice de corrupción, es de percepción. No es real en cuanto a que el análisis no contempla si esos juicios llegaron a una condena, por ejemplo. Se trata de cómo perciben al país los investigadores, inversores, ese tipo de gente. Con Macri veían que se estaba trabajando contra la corrupción, con Alberto lo que ven son los idas y vueltas con el rema de la Justicia; en especial durante el segundo semestre con la Reforma Judicial y el Ministerio Público Fiscal”, explica.
-A nivel mundial, TI señaló que la pandemia fue un disparador “opaco” para la percepción de corrupción de todos los países
-Claro, lo peor de este año fue el manejo de las compras y las contrataciones durante la pandemia. Nosotros (en Argentina) demostramos que hubo un montón de compras y contrataciones que no están transparentadas. Buscamos hasta en el último hospital más recóndito del país para ver cómo se manejaron esas cosas y nos hemos encontrado con grandes licitaciones de barbijos, por ejemplo.
-¿Llevaron a la Justicia todas esas denuncias?
-No, nosotros lo que hacemos es presentar esa información de forma pública y esperar que los medios de comunicación les den visibilidad. Solemos tener reuniones con funcionarios de Gobierno. A veces avanzamos en la Justicia, pero en este caso no lo hicimos. La información está disponible. Cuando vemos que la data ya es pública y que logramos hacer ruido en los medios, después vemos si se toman las medidas correspondientes.
-No termina de quedar en claro cómo se elabora el ranking, ni la percepción de quiénes es tomada en cuenta para hacerlo. Porque al no hablar de estadísticas concretas, como lo son las sentencias judiciales, es lógico que uno se pregunte: ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Los intereses de quiénes se encuentran detrás?
-Al número se llega a partir de distintas formas. Argentina no tiene nada que ver con esto, por eso a veces me río cuando veo algunas lecturas conspiranoicas. Esto se elabora en la sede central de Berlín. Nosotros no queremos beneficiar, ni perjudicar a nadie. Los alemanes utilizan el mismo criterio para Bélgica, que para la Argentina. En muchos casos ni siquiera saben quiénes son los que están gobernando.
-¿Cómo se elabora la calificación puntual de la Argentina?
-Usualmente TI se maneja con trece encuestas, pero en el caso de la Argentina se utilizan ocho. Son trabajos de opinión que se toman y a partir de ahí se elabora el índice. No sé a quiénes se les preguntó en el caso puntual del país. Se toman reportes de distintas fundaciones. Le pueden preguntar al presidente, a vos o a mí. No es una persona, son ocho trabajos que unifican la percepción de varias.
Los ocho trabajos con los que se estableció el índice para la Argentina
- Bertelsmann Foundation Transformation Index
- Economist Intelligence Unit Country Ratings
- Global Insight Country Risk Ratings
- IMD World Competitiveness Yearbook
- PRS International Country Risk Guide
- Varieties of Democracy Project
- World Economic Forum EOS
- World Justice Project Rule of Law Index
La utilización de “percepción” como base del reporte genera resultados desiguales. “La experiencia del caso de Brasil, cuando empezaron a surgir todas las denuncias por corrupción contra Lula (Da Silva), el país empezó a empeorar en el ranking de corrupción. Olvidémonos si estaban bien o no, corramos el denominado Lawfare. Se estaba si se quiere avanzando en materia de corrupción, sin embargo fue percibido como un país más corrupto. Depende mucho del observador, porque el ranking, insisto, es de percepción”, ejemplifica.
-Entonces, teniendo en cuenta que es tan permeable a variables poco tangibles, ¿para qué sirve el ranking?
-Bueno, a ver. Hay muchos inversores que lo miran para saber si van a desembarcar en el país. Si yo estuviera en el Gobierno, lo que me preocuparía sería eso: ‘Che, los inversores lo tienen en cuenta’. Porque un empresario lo mira a la hora de invertir en Argentina o en Uruguay, cuando quieren hacer negocios legales porque también están los que buscan países en los que tengan más garantías para los negocios ilegales.
-Pero entonces, volvemos al caso Brasil. Que supuestamente “avanzó” contra la corrupción de acuerdo a la percepción de los encuestados por TI, pero tuvo una repercusión negativa en el ranking
-Yo muchas veces lo cuestiono. Es como cuando se habla de la imagen de los políticos. Todo se mide de acuerdo a la percepción y ahí entran variables gigantes. Nosotros no podemos utilizar otros parámetros, porque no hay garantías. Pongamos el caso de un ranking que contabilice las sentencias judiciales, tampoco es objetivo. Yo tomo las causas de corrupción que llegan a la Justicia y que se termina comprobando que son ‘culpables’. Depende también de las garantías de cada país. En Venezuela se sabe que hay corrupción y que es un desastre. La Justicia está cooptada. ¿Puedo entonces tomar esas estadísticas como válidas cuando no son transparentes? No hay forma de medirlo de forma objetiva, es una aproximación poder preguntarle a la gente que sabe sobre el tema cómo lo ven.
“Argentina no tiene ni que desesperarse por los tres puntos, ni creerse que era Suiza por el rendimiento del ranking anterior. Estamos estancados, por debajo del promedio mundial, y eso es lo que hay que mirar. Hay que pensar reformas institucionales. El índice de percepción de corrupción es una foto, no la película”, refuerza.
La publicación del reporte generó interpelaciones políticas y salpicó a los dos lados de la grieta. “Las teorías conspiranoicas de que este es un informe en contra del kirchnerismo no tienen sustento. Los alemanes no tienen idea quiénes están gobernando. Se lo toman como un ataque a su gobierno, pero es una medición del país. No se trata de cómo está visto Macri, Alberto o Cristina. Nosotros en la nota de Poder Ciudadano aclaramos que los resultados son de ‘percepción’, después si los medios lo editorializan ya es otro terreno. Nosotros mostramos los resultados, no hacemos una lectura política”.
La lectura política del índice de percepción y el impacto en la gobernabilidad
La editorialización del ranking estuvo a la orden del día. Fueron muchos los medios hegemónicos que titularon de forma directa: “Argentina bajó 12 lugares en el ranking global que mide la corrupción”. Se ocultó el dato fundamental: el reporte no mide la corrupción sino que, tal como ya quedó establecido, mide la “percepción” de algunos sectores con intereses políticos y económicos. Dos cosas muy distintas.
“Lo que se publicó como un indicador si se quiere ‘objetivo e imparcial’ sobre el estado de la corrupción en la Argentina y en otros países no es otra cosa que una encuesta hecha a un sector social elegido de forma arbitraria, que por supuesto tiene su propia agenda y visión de las cosas”, explica Juan Courel, referente en comunicación política y ex secretario de comunicación pública durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.
Courel también resalta en su análisis la ineficacia de tomar la percepción como un factor objetivo. “Una cosa es lo que perciba una persona sobre un acto y otra lo que pueda ser demostrado en la Justicia con pruebas. Son indicadores livianos, porque son puntos de vista. Son estadísticas poco útiles para la toma de decisiones”.
-Lo mismo podría decirse de las encuestadoras, que en las últimas elecciones fueron muy cuestionadas
-Metodológicamente existe un servicio y producto de las consultoras de opinión pública, que todos usamos; pero tomando los recaudos lógicos que el análisis de esos datos amerita. Cuando se mide a los líderes de opinión, por ejemplo. Podríamos hablar de la famosa encuesta del ‘círculo rojo’. Pero, ¿quiénes lo integran? ¿Quiénes determinan su integración? No hay un documento que te diga: sos formador de opinión. Es una selección arbitraria. ¿Quién es un líder de opinión? ¿Cómo se categoriza a un periodista? ¿A partir de la audiencia que pueda tener su medio? ¿Son ellos o los que hablan en foros internacionales? ¿Quién define eso? Es una categoría inasible. Sin embargo, son fuentes de consulta.
-¿Por qué si es tan arbitraria la selección se siguen utilizando?
-Son termómetros, que uno toma como referencia. Un focus group, por ejemplo, estadísticamente no es representativo. No podés concluir a partir de lo que piensa ese grupo de personas, que además también puede ser elegido para que el resultado tenga una tendencia hacia un lado u otro, la intención real de voto de un candidato. A la hora de leer los datos, uno tiene que tener esos recaudos lógicos. A veces las encuestadoras se equivocan de buena fe, hay márgenes de error; se eligen modelos de ponderación de datos en función a la historia electoral. Se pueden equivocar sin que eso implique necesariamente una operación.
-¿Cómo deberíamos interpretar entonces las encuestas?
-En principio, hay que entender que el rol de las mismas no es la promoción de candidaturas como muchos quieren instalar, ni la adivinación de resultados. Los que intentan usarlas de esa manera para sacar rédito electoral están perdidos. Dar como ciertos datos estadísticos de probabilidad, que es lo que muchos hacen con las encuestas cuantitativas, es como leer el horóscopo.
-¿Creés que la sociedad argentina se está cuestionando más en los últimos años los intereses detrás de la editorialización de los medios?
-Sin duda. En este caso concreto, el reporte no es una fuente de información, pero se utilizó de esa manera. De un tiempo a esta parte, en especial con el debate por la Ley de Medios e incluso también con el conflicto con el campo por la 125, tanto el Gobierno como los medios empezaron a discutir ya a la luz del día. No es que antes no lo hacían, lo que pasa es que sucedía de forma velada. Néstor Kirchner discutía con La Nación durante su gobierno. En la Argentina ese análisis está a flor de piel, pero también es algo que se ve en el mundo. Lo vimos con la cobertura que hicieron los medios con mayor audiencia de Estados Unidos sobre la presidencia de Trump.
-Utilizar un reporte que toma la percepción de corrupción y venderlo como un índice de corrupción es editorializar, no es ingenuo
-Desde ya. El título del informe debería ser: el opaco resultado del índice de transparencia (ríe). No conozco la metodología que se aplicó, pero volvemos a lo mismo. Si uno habla de percepción, tiene que destacar de una manera muy clara que es subjetivo y que además es la percepción de un determinado grupo.
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