La pandemia por coronavirus obligó al Estado, en sus tres niveles, a realizar esfuerzos extraordinarios para atender la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas. Parte de esos esfuerzos consistieron en reasignar recursos de una área a otra, algo que, por ley, no les está permitido. En el caso de los intendentes, Axel Kicillof planteó una especie de “amnistía” dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2021.
Muchos tomaron dinero que estaba afectado a una obra, o al fondo educativo, para pagar salarios, asistir a familias con necesidades básicas insatisfechas o incluso comprar equipos e insumos para atender un eventual desborde de casos de coronavirus.
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Todo será perdonado. El artículo 38 de la Ley de Presupuesto 2021 que envió Axel Kicillof a la Legislatura lo contempla. En concreto, autoriza al Tribunal de Cuentas -órgano de control, de carácter administrativo- a “eximir de las sanciones previstas en su Ley Orgánica a aquellos funcionarios municipales que hubieran utilizado recursos afectados durante el ejercicio 2020, independientemente de su origen, para un destino distinto al asignado”.
No se dará en cualquier caso. Los intendentes tienen que demostrar que la medida estuvo “fundada en razones de carácter excepcional” pero además deben restituirlos “a las cuentas correspondientes en un plazo no mayor a DOCE meses, desde el cierre del ejercicio fiscal 2020”. En llano: los jefes comunales deben reponer esos fondos “desviados” a las cuentas de origen antes de 2022.
Si bien la medida tiene antecedentes -la pandemia por Gripe A, algunas inundaciones-, la modalidad es distinta: era el propio Tribunal de Cuentas, mediante resolución, quien permitía la reasignación de los recursos. La inclusión del artículo en el Presupuesto es toda una novedad, o un “gesto” político del gobernador hacia los intendentes, con quienes mantiene una relación tensa.
Axel Kicillof optó también por no hacer cambios en el Fondo Educativo, que es otro foco de conflicto con los intendentes, que, a pesar de que deben gastar el dinero que gira la Nación en “educación”, aplican definiciones un poco laxas y derivan el dinero a acciones “diversas”, muchas veces cuestionadas por las oposiciones legislativas o el propio Tribunal.
Así las cosas, los intendentes del Conurbano seguirán, como se estableció en 2019, último año de la administración de María Eugenia Vidal, a invertir el 50 por ciento de lo percibido en infraestructura escolar. Para los del interior, el porcentaje es menor: 40 puntos.
Hasta septiembre, el Fondo de Financiamiento Educativo había “derramado” en los 135 municipios unos 9.535 millones de pesos. Se espera que para fin de año supere la marca de los 12 mil millones, el 9 por ciento de todas las transferencias que perciben las comunas bonaerenses. Una cifra nada despreciable, con coronavirus o sin coronavirus.
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