Gran revuelo provocó en Bahía Blanca la decisión del intendente Héctor Gay de transferir a manos privadas la explotación de dos líneas de colectivos que estaban bajo la órbita del municipio.
El director de Movilidad Urbana, Ramiro Frappiccini, explicó en conferencia de prensa que la firma San Gabriel puede cubrir los costos de la 502 y 504 que a la comuna se la estaban haciendo muy cuesta arriba, sobre todo a partir de la cuarentena y el derrumbe en la venta de pasajes.
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“En pandemia el sistema de trasporte público sufrió un golpe muy importante y para el municipio fue un gran esfuerzo sostenerlo. San Gabriel puede absorber estas dos líneas, lo que nos permite hacer una proyección del mejoramiento del sistema y que siga sosteniéndolo”, dijo el funcionario.
La compañía, que pertenece Gabriel Chiuccariello y quien admitió que las charlas llevaban más casi 6 meses, se hará cargo de 32 empleados y se quedará con dos unidades. De esta manera, Bahía Transporte Sapem, (98 % estatal y 2% privado) sólo tendrá a su cargo la línea 519A y la administración de SUBE.
Vale aclarar que Gay había adelantado en agosto del 2020 que evaluaba una privatización del sistema, que se sostenía sólo por los subsidios, y que llegado el caso iban a decidir, de acuerdo a lo más conveniente, si iban a repartirse las líneas de control público entre las firmas que ya componen el sistema, o por licitación. La oposición esperaba esto último, además de conocer argumentos que lo justificaran.
De inmediato, el concejal del Frente de Todos y miembro del directorio de esa estructura, Walter Larrea, exigió al gerente Federico Hartfield, mediante carta documento, que llame a una reunión de manera urgente.
También reaccionó el ex secretario de Gobierno durante la gestión de Gustavo Bevilacqua y presidente de la Sapem hasta 2015, Fabián Lliteras. Se preguntó si la noticia “¿es joda?” y consideró “muy raro” que una empresa privada tenga “más espalda que el estado”.
El dirigente massista dijo en redes sociales que desde que comenzó la gestión Gay, hay “un plan para destruir la empresa de transporte, la de todos los bahienses” y que “recibió una empresa saneada, equilibrada, gerenciada y con un aporte de capital para poder adquirir más de 33 unidades”.
“Hay déficit por una pésima administración”, se quejó el abogado, que en ese aspecto dijo que parte de ello son las indemnizaciones por “despidos injustificados”, la contratación “innecesaria” de personal, “gastos exorbitantes en asesores” y que de esta manera se llega a “entregar un negocio privado sin ningún tipo de control de la línea más rentable del sistema”.
La ex edil del PRO, María Cristina Molina, criticó la falta de un llamado a licitación y calificó de “vergonzosa” la decisión. Por último, el partido Integración Ciudadana, hoy sin representatividad en el Deliberante pero de vuelta en la carrera de cara a las legislativas, habló de “oscurantismo” y consideró que se hizo de manera “intempestiva, sorpresiva y con una velocidad inusitada que trae muchas dudas”.
Su presidente, María de los Ángeles Rosón, planteó si acaso “se está allanando un futuro camino para una licitación más beneficiosa para los amigos”. “No hay nada claro en la gestión y estas decisiones inestables afectan a la institucionalidad”, completó.
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