La diputada provincial por Juntos, Julieta Quinteros Chasman, presentó un controvertido proyecto de ley para suspender el cobro de planes sociales a aquellas personas que durante una manifestación cometan alguna contravención, como pudiera ser el hecho de cortar una calle.
De acuerdo al comunicado emitido por la diputada, “la propuesta está dirigida a sancionar los actos de violencia que ocurran en ocasión de manifestaciones sociales a partir de delitos o contravenciones”.
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Y agrega: “Al mismo tiempo, se requiere velar por el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, al considerar que al ser llevados a las movilizaciones se incumple con el artículo 14 de la Constitución Nacional y con la Ley Nacional 24.714, donde se exige como condición para el cobro de planes sociales la obligatoriedad de la concurrencia escolar”.
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Según la iniciativa, buscarían cortarle cualquier prestación social, ya sea del Estado nacional, provincial o municipal, aunque aún no quedan muy claro las facultades de la Legislatura bonaerense al respecto.
El proyecto, que ya fue presentado en la Cámra baja bonaerense, se enmarca en el pedido que hiciera anteayer el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al Gobierno nacional para cortarle los planes sociales a quienes corten las calles durante una manifestación, luego del acampe de más de diez cuadras que organizaciones sociales llevaran adelante en la Avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social.
“No podemos permitir más que la asistencia social sea utilizada para cortar calles y complicarle la vida a toda la gente que día a día se levanta para ir a trabajar y ganarse la vida, ni mucho menos que las personas que actúan violentamente en las manifestaciones o que cometen cualquier tipo de delito sean beneficiarias de esta ayuda del Estado”, expresó la joven diputada platense, y agregó: “El fin perseguido es evitar que el Estado financie a quienes delinquen en la Provincia de Buenos Aires”.
La suspensión de las asignaciones sería aplicable desde el inicio de las actuaciones, en el caso de contravenciones; o a partir de la citación a la declaración, en caso de delitos, según explicaron. A la vez que en caso de condena contravencional o penal firme, el beneficio sería suprimido.
El proyecto de la diputada Quintero Chasman
“ARTICULO 1°: Toda persona y/u organizaciones sociales que sean autores de delitos o contravenciones cometidas en ocasión de manifestaciones sociales no podrá ser beneficiarios de Planes Sociales otorgados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, o de cualquier otra índole y concepto.
ARTÍCULO 2°: Toda persona que al momento de cometer la conducta estipulada en el artículo 1° de la presente sea beneficiario de una prestación social le será suspendida. Dicha suspensión será aplicable desde el inicio de las actuaciones, en el caso de contravenciones; o a partir de la citación a la declaración, en caso de delitos. En caso de condena contravencional o penal firme, el beneficio será suprimido.
ARTICULO 3°: Las personas jurídicas que reincidan en la comisión de actos como los señalados, serán pasibles de las sanciones de apercibimiento, multa o retiro de la personería jurídica conforme ley 22.315, sin perjuicio de la facultad de intervención prescripta en la misma.
ARTÍCULO 4°: En los casos de personas físicas y /o jurídicas sancionadas, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá informar y notificar al Poder Ejecutivo Nacional tal sanción, para solicitarle de igual manera el cese de cualquier beneficio social que pudieran tener.
ARTÍCULO 5°: Invitase a los Municipios de la provincia de Buenos Aires a sancionar de igual manera del artículo 1°, 2° y 3° de la presente ley, en cuanto corresponda a beneficios sociales otorgados por estos Municipios.
ARTÍCULO 6°: Comuníquese al poder Ejecutivo.”
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