Luego de que la fiscal del caso, Gabriela Baigún, dictaminara la inexistencia de delito, los 18 procesados por supuestos delitos en la adquisición de los elementos que entregaba el programa de Salud, conocido como Plan Qunita, fueron sobreseídos.
Entre ellos, el Tribunal Oral Federal Nº 1 sobreseyó al ex jefe de Gabiente Aníbal Fernández, y a las entonces autoridades de Salud nacionales -y hoy en día provinciales- Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.
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El Tribunal, integrado por los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico, entendió que no había habido delito alguno y ordenó, además, levantar los embargos que pesaban sobre los procesados, dictaminados por el entonces juez federal Claudio Bonadío.
La fiscal dio el dictamen luego de realizar una pericia de instrucción, preparatoria al juicio oral, la cual dio por resultado que no hubo ningún perjuicio contra el Estado nacional. “Descartar que la Licitación Pública Nacional nº 4/2015 hubiera generado un perjuicio económico al Estado Nacional, como así también que el procedimiento licitatorio hubiera estado direccionado en favor de las empresas adjudicatarias”, expresó Baigún.
A la vez, la fiscal indicó que, si esos peritajes técnicos y contables que ordenó el Tribunal Oral se hubiesen realizado durante la investigación del caso, éste no habría llegado a etapa de juicio.
La denuncia que generó la causa
En 2015, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través del ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, dispuso la creación de un programa para la reducción de la mortalidad infantil, principalmente de la práctica del colecho, común entre los sectores vulnerables. El mismo, que fue copiado de una experiencia en Finlandia, se denominó Plan Qunita y en los seis meses de implementación, distribuyó 74.408 kits con cunas, moisés, ajuares, libros, sonajeros, frazadas y otros elementos.
La diputada y ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, realizó una denuncia por los delitos de corrupción en la adquisición de esos elementos, la cual fue impulsada por el fallecido juez Bonadío, quien dispuso la suspensión del reparto de esos beneficios a las maternidades. Y no solo ello, sino que tiempo después ordenó al ministerio de Salud que destruyera los moisés y sacos de dormir que había stockeados. Medida que no se concretó por otra intervención judicial.
Finalmente, seis años después, durante los cuales los procesados debieron soportar sendos embargos, la Justicia resolvió la inexistencia de delito. Asimismo, en todo este tiempo tampoco funcionó el Plan Qunita.
“No se puede construir una democracia plena cuando se judicializa la política a través de falsas denuncias. Destruyeron el Plan Qunita que salvaba vidas. Juzgaron sin pruebas”, manifestó hoy el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.
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