Tras el fracaso de la ley ómnibus, el Gobierno Nacional acentuó su estrategia confrontativa contra la dirigencia política opositora. Primero se enfrentó a los gobernadores quitándoles fondos claves. Ahora va contra los sindicatos por el manejo de las obras sociales.
“Quiero informarles que los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación“, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. En su habitual conferencia de prensa, el funcionario aclaró que los detalles de la resolución saldrán “en las próximas horas” con la reglamentación del mega DNU 70/23.
El portavoz oficial anticipó que buscan “terminar con esta obligatoriedad de darte de alta en un empleo y quedar preso de la obra social que corresponda al sindicato que te nuclea”. El vocero también contó que los trabajadores podrán “volver a elegir” una vez por año”.
En rigor, el sistema de elección de las obras sociales está establecido desde el año 2001 (Decreto 1400), pero sufrió varias modificaciones, la última en 2021. En julio de ese año Alberto Fernández decidió que el trabajador debe permanecer al menos un año en la obra social que le corresponde por su actividad. Este sería el cambio fundamental de lo que anunció Adorni en la mañana de este lunes porque la posibilidad de cambiar una vez por año estaba contemplada en el Decreto de Fernández.
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La decisión del presidente anterior había sido bien recibida por los gremios. De hecho, el secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, contó en Lado P, que la venían pidiendo “hace muchos años”. Habrá que ver cómo reaccionan ahora ante la decisión del gobierno libertario, con el que ya mantienen varias diferencias.
