El Ministerio de Ambiente de la Nación apeló este martes el fallo del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera offshore a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad tras hacer lugar la semana pasada a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas.
Además de los fundamentos que cuestionan el fallo, la apelación incluye una recusación al juez marplatense Santiago Martín, por su presunta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad. El escándalo se ventiló luego de una polémica foto dada a conocer por el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, en el que el magistrado “celebraba” la determinación junto a un abogado ambientalista.
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Tras la presentación de la apelación, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que “el Gobierno apeló este fallo por dos razones centrales: sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras”.
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Luego de un cuarto intermedio y de una intensa reunión de labor parlamentaria, en la que acordaron no tratar la “ley corta” pedida por el gobernador Axel Kicillof, la Cámara Alta tratará temas que se acordaron para no hacer caer la cita legislativa. Magario volvió a cerrar el palco para la prensa.
El funcionario indicó que “el fallo que apeló la apoderada del Ministerio de Ambiente ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos”.
Martínez explicó que “este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características”.
Por otra parte, opinó que este fallo “genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos y argentinas que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus pymes, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita”.
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