El Presidente Alberto Fernández presentó esta tarde el proyecto de ley de Reforma Judicial, una ambiciosa propuesta para desmantelar la influencia del poder político y, tal cual señaló, “de otros poderes” en el ámbito de la Justicia nacional. “El poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”, es el espíritu.
Fernández considera que es evidente el “influjo del poder político, y también de otros poderes” sobre decisiones judiciales, especialmente en los últimos años. Otro aspecto fuerte es la descentralización del Poder Judicial, hoy concentrado en la Capital Federal.
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También es relevante que el Presidente recogió parte del trabajo encabezado por la administración de Mauricio Macri, que se propuso en su momento una reforma de la Justicia.
Estas son las claves del proyecto:
- Promueve la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la Capital Federal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero
- El Gobierno quiere que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes y por eso previó un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes
- Propone además la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que hemos diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento
- Transfiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. Queremos hacer que la manda constitucional dispuesta en 1994 finalmente se cumpla.
- Propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo
- Impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales. La Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno que nos precedió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 257/15. Su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder.
- Crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. A tal fin, he recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido.
- Ese consejo deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia.
- De sus recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir.
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