El abogado laboralista Gustavo Adrián Ciampa explicó por qué la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei no generaría empleo. Desde la negociación por empresa hasta el “salario dinámico”, repasa punto por punto los efectos concretos que podrían tener los cambios y por qué, según su lectura, repiten un ciclo ya vivido en la Argentina de los 90.
El oficialismo insiste en que flexibilizar la legislación laboral permitirá aumentar el trabajo formal. Ciampa comenzó por desarmar esa hipótesis: “Lo que genera puestos de trabajo es la política económica; el derecho del trabajo no tiene aptitud para generar empleo”. Y de inmediato lo ató a la evidencia reciente: “Después de la Ley Bases se destruyeron 256 mil puestos de trabajo y aumentó la informalidad”. A partir de esa premisa, recorre cada uno de los puntos que hoy están en discusión.
Ciampa no es un analista ocasional del tema: es abogado laboralista, asesor de asociaciones sindicales y de la Presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, docente en la UBA y expositor habitual en congresos de Derecho del Trabajo. Con esa trayectoria, fue entrevistado en vivo en Palabras más, Palabras menos, por LA CIELO, donde desarrolló una mirada crítica y técnica sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
1. El empleo no depende de la ley
Para Ciampa, es un error conceptual pensar que reglas más “flexibles” generan automáticamente más puestos. “Lo que desalienta la generación de empleo es la política económica, no los convenios ni las leyes laborales”, afirma. Por eso sostiene que discutir la reforma como si fuera una palanca de crecimiento es tergiversar el problema: lo que determina la contratación es la actividad, la inversión y las expectativas, no el piso de derechos.
2. La negociación por empresa no es nueva —lo nuevo es perforar convenios
El Gobierno plantea que la existencia de convenios sectoriales impide adaptaciones regionales o empresariales. Ciampa lo desmiente: “No está prohibida; está expresamente prevista la negociación colectiva por empresa”. Lo que se busca ahora es que ese acuerdo pueda ir por debajo del convenio de actividad. Ese es, para él, el núcleo real del cambio.
3. Y esa lógica también golpea a las Pymes
No se trata solo de derechos laborales. También hay impacto en la estructura productiva: “A las desigualdades que ya existen entre grandes empresas y pequeñas y medianas, esto las profundiza”. Las grandes corporaciones podrían negociar condiciones más laxas—horarios, adicionales, salarios variables—que una Pyme jamás podría replicar. “Termina siendo perjudicial para las Pymes, no solo para los trabajadores”, resume.
4. No existe técnicamente un “doble régimen laboral”
La promesa oficial de que los trabajadores actuales no serían afectados es, según Ciampa, técnicamente falsa: “Las leyes son aplicables a todos; no hay ficha de corte. Es falso que la nueva legislación sea solo para los nuevos”. El único caso donde se preservan derechos previos es cuando ya se adquirió el derecho —por ejemplo, un trabajador despedido antes del cambio de ley—. Pero si sigue trabajando bajo un nuevo régimen, la nueva ley aplica igual.
5. La indemnización se reduce en los hechos
El borrador oficial limita el cálculo de componentes variables, excluye incidencias habituales y, además, fija un máximo de diez sueldos. Ciampa lo explica de forma directa: “Un trabajador que elaboró 13 o 14 años va a cobrar como si hubiera trabajado 10”. Y agrega que la indemnización no es un beneficio sino una obligación constitucional para proteger contra el despido arbitrario.
6. Banco de horas: menos extras, menos ingresos y menos vida
El sistema permite que la empresa decida cuántas horas se trabaja por día sin necesidad de justificarlo. “Podría hacerlo porque quiere, aunque no fuera una cuestión de necesidad”. Ese esquema implica menos extras pagadas, pero sobre todo imprevisibilidad total: “Impide programar la vida”. Para Ciampa, la consecuencia es que el trabajador deja de organizar su tiempo: estudio, familia, otro trabajo, incluso tareas básicas como coordinar quién busca a los chicos del colegio.
7. Los trabajadores informales ya tienen derechos
La narrativa oficial plantea que la reforma “les dará derechos” a quienes están en negro. Ciampa lo corrige: “Los trabajadores no registrados tienen los mismos derechos; lo que falta es que el Estado los haga cumplir”. El problema es la falta de inspección. Incluso recuerda que existía una obligación de notificar a AFIP cuando un trabajador intimaba a su empleador a registrarlo, herramienta que el Estado dejó caer.
8. La industria del juicio es un mito estadístico
El Gobierno sostiene que los juicios laborales frenan la contratación. Ciampa pidió datos oficiales y afirma que “el índice de litigiosidad es inferior al 2%”. Es decir: menos del 2% de quienes tienen derecho a iniciar juicio lo hacen. Y advierte que muchas indemnizaciones elevadas se debían a sanciones por tener personal en negro o retener aportes que eran del trabajador, sanciones que fueron derogadas por la Ley Bases. “No se generó empleo; se destruyó”, sintetiza.
9. “Salario dinámico” significa salario a la baja
El Gobierno lo presenta como un concepto moderno. Ciampa lo define como lo que realmente es: “No es salario dinámico, es la potestad de reducir los salarios”. Para él, si hubiera voluntad de dinamismo real, debería hablarse de participación en ganancias o de acompañamiento de la inflación. Pero el proyecto va en la dirección contraria: desenganchar el salario de la inflación y habilitar reducciones.
10. La experiencia de los 90: más flexibilización, menos empleo
Ciampa no lo plantea como hipótesis, sino como antecedente: “Esto ya pasó en los 90, con sucesivas reformas regresivas”. Y la cifra es contundente: “Llevaron la desocupación del 6% al 21,5%”. Lo que describe es un ciclo donde las modificaciones laborales iban acompañadas por una política económica que achicaba el mercado de trabajo, no que lo expandía.
