Tal como viene adelantando este portal, el ingreso del juez federal Sergio Torres a la Suprema Corte bonaerense no es, aún, cosa juzgada. El Senado dio su aval hace ya 12 días y el Poder Ejecutivo que encabeza María Eugenia Vidal remitió a Tribunales el decreto solicitando que se le tome juramento hace ya una semana.
Hoy, los integrantes del Tribunal –Eduardo De Lázzari, Héctor Negri, Luis Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani y Daniel Soria– tuvieron la primera reunión de acuerdo de la presidencia de De Lazzari, que asumió el lunes pasado. “El tema”, confirmaron voceros judiciales, se abordó, sin que se arribara a ninguna definición.
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Aunque los voceros no dieron detalles, la demora en la jura (que contrasta con el apuro en que se trató la designación en el Senado), abona la duda que se generó en el máximo tribunal sobre el domicilio que se consignó en el pliego de Torres, y que incluso es objeto de una denuncia penal.
En efecto, la semana pasada, el ex juez Luis Arias aseguró que Torres efectuó una “información sumaria” ante un juzgado de San Isidro consignando como su domicilio en Provincia un edificio de departamentos que se habilitó recién el año pasado. La idea era acreditar así su residencia de dos años en territorio bonaerense para dar cumplimiento a lo mandado por el artículo 177 de la Constitución bonaerense, con lo cual Arias consideró que incurrió en los delitos de “instigación al falso testimonio”, “falsedad ideológica” y “falso testimonio”.
El dato llegó a oídos de la Corte, cuyo flamante, Eduardo De Lazzari, abrió un expediente administrativo para abordar el tema. Los Supremos no se ponen de acuerdo respecto de los pasos a seguir. El tema volverá a abordarse la próxima semana, el martes o el jueves.
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