El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo régimen específico para el uso y tenencia de tierras sobre las islas. La normativa quedó oficializada en el Decreto 1517/26 y abarca al Delta del Paraná, a la Isla Martín García y a todas las ínsulas bajo dominio público. Los detalles.
Según se informó oficialmente, el decreto busca ordenar, regularizar, preservar y controlar el uso de estas tierras de acuerdo con criterios de interés general, eficiencia administrativa y sustentabilidad ambiental. La norma fijó un marco jurídico uniforme sobre el destino de los inmuebles, el plazo, la conservación, el control, el pago de canon, la extinción del permiso y la restitución de los bienes.
De esta manera, buscan regularizar situaciones de ocupación de hecho, sin alterar la titularidad estatal ni el carácter público de las islas. Incorpora, además, criterios de gestión territorial y ambiental para que los usos autorizados sean compatibles con la sustentabilidad del sistema isleño, la protección de los humedales y la preservación de su biodiversidad.
Entre los fundamentos para la adopción del nuevo ordenamiento está el hecho de que los antiguos regímenes de venta o colonización de islas no resultan compatibles con el ordenamiento jurídico vigente. El Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 2015, estableció que las islas ya no pueden ser vendidas. Esto significa que las islas pertenecen al dominio público del Estado y están destinadas a una finalidad pública, razón por la que son inalienables e imprescriptibles.
Mediante los permisos, la administración provincial otorga el uso por un plazo determinado, para un destino específico y con condiciones y prohibiciones que deben cumplir los permisionarios. Son de carácter precario y pueden revocarse por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sin derecho a indemnización o compensación.
El decreto, además, creó el Registro de Islas Bonaerenses de Dominio Público, que será administrado por la Subsecretaría de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno, y centralizará la información sobre los inmuebles y los permisos otorgados. Este nuevo registro reemplaza al Registro de Bienes de Dominio Público del Delta, creado en 2020, e incorpora a las islas situadas fuera del Delta.
