A poco más de dos meses de haber presentado el pedido de juicio político contra Javier Milei, referentes de distintos espacios políticos solicitaron en la Cámara de Diputados la ampliación de dicho juicio, “en el marco de la campaña instrumentada por el primer mandatario para destruir el Estado”, informaron desde la CTA Autónoma.
“Este pedido de ampliación se basa en la aparición de nuevas razones para que se avance con el juicio político” detallaron, y sostienen que “el mandatario cometió delitos contra el orden constitucional y la vida democrática“.
El pedido de ampliación se ha presentado este martes 25 de junio ante la presidencia de la Cámara de Diputados. Los referentes de distintos espacios políticos solicitan a la Comisión de Juicio político “abocarse de forma perentoria a su tratamiento ante el peligro que se cierne sobre La Paz social y la convivencia democrática”.
El pedido de juicio político contra el Presidente había sido presentado hace poco más de dos meses, y lo acusaron de mal desempeño en sus funciones y de posible comisión de delitos.
Se trata de un escrito de 25 páginas firmado por personalidades como el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, la referente de Soberanxs y ex embajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el ex juez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y la investigadora Dora Barrancos.
Las acusaciones que presentaron contra Javier Milei
Se lo acusa por sus iniciativas cuyo objetivo sería “terminar con la “casta” política”. En este sentido, se argumenta: “Nada de lo ocurrido en la esfera del poder político/administrador puede ser rescatado como defensa de la institucionalidad y la economía nacional”.
“Los índices crecientes de pobreza e indigencia y la victimización de la niñez y de los mayores adultos, situación que en nuestra primera presentación caracterizamos como obrar comisivo de un genocidio económico, se profundiza en el día a día, sin que se pueda advertir luz alguna al final del túnel, ni ficcionales “rebotes” de la economía nacional. Todo lo que ocurre es para peor”, advirtieron.
En la presentación solicitaron que el Congreso de la Nación investigue tanto al presidente como a otros funcionarios por cuatro posibles delitos:
- Instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos.
- Apología del delito.
- Incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes.
- Apología del crimen.
