La paralización de las obras del Polo Judicial de Olavarría, a partir de la decisión de la empresa constructora Bricons de rescindir el contrato por la falta de actualización de los montos, sigue dando que hablar en el distrito. En las últimas horas, la Suprema Corte bonaerense salió a retar públicamente al intendente Ezequiel Galli, a quien le atribuyen expresiones “inexactas”.
Es que Galli quiso exculpar al Gobierno provincial y por eso responsabilizó directamente al Máximo Tribunal por las obras paralizadas. Para el intendente, a las obras las estaba “haciendo la Suprema Corte de Justicia” y no “la Gobernadora ni el Ministerio de Infraestructura”. “El diálogo está con la Corte que es quien contrató a la empresa y quien tiene que llevar adelante la obra”, le dijo a El Popular.
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La confusión del Intendente, inadmisible para un funcionario de su rango, proviene de que, en efecto, la obra está incluida en el presupuesto de la Administración de Justicia, aunque la asignación de fondos corre por cuenta del Poder Ejecutivo y la ejecución de la obra está a cargo del Ministerio de Infraestructura.
Así se lo aclaró el flamante presidente del tribunal, Eduardo De Lázzari, mediante una nota formal que llegó acompañada por un informe técnico, donde se detalla que el contrato fue suscrito por Infraestructura y que esa cartera la lleva a cabo, por lo prescripto en la ley 6021, de Obras Públicas. También remarcó que el Presupuesto general, redactado por el Ejecutivo y aprobado por la Legislatura, sólo asignó el 15 por ciento de los fondos necesarios para la continuidad de las obras de este año.
En ese sentido, De Lázzari le “hizo saber” a Galli que las expresiones vertidas a El Popular “resultan inexactas” y por eso le pidió que “tomando como referencia el informe” que adjuntó, “tenga a bien efectuar las aclaraciones públicas de rigor, de manera de poder brindarle a la comunidad de Olavarría información veraz y adecuada”.
El reto de la Suprema Corte al intendente Galli by Eduardo Médici on Scribd
La obra, como ya detalló INFOCIELo, fue proyectada en 2017 y se le asignó un presupuesto de casi 350 millones de pesos y constaba de tres etapas, con desembolsos de 57 millones de pesos para este año, 126 millones para 2020, 73.5 millones para 2021 y 63 millones para 2022.
El Polo Judicial tiene 12.700 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, donde iban a funcionar oficinas para jueces, fiscales y defensores, se ubica en la intersección de Bolívar y 25 de Mayo, a apenas seis cuadras del palacio municipal.
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