El fiscal Franco Picardi pidió este viernes determinar si la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y funcionarios de esa cartera llevaron adelante un plan destinado a utilizar, fuera del marco legal, sus atribuciones, con el objeto de coaccionar y administrar el conflicto entre comunidades mapuches y propietarios de tierras, en beneficios de estos últimos.
El dictamen llega luego de que un corto comunicado, la familia de Santiago Maldonado, el joven que apareció muerto hace dos años y medio en Chubut, reclamara expresamente que la ministra de Seguridad “sea investigada y juzgada” una vez que deje el cargo a partir del 10 de diciembre.
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Picardi apuntó a negocios inmobiliarios y de lucro llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y/o explotación formal de tierras en la Patagonia Argentina, muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
La presentación se hizo a jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal pidió iniciar otro expediente en el que se investigan hechos de espionaje a la familia Maldonado que podrían ser de interés para la causa.
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que advirtió que funcionarios del Ministerio de Seguridad habrían encabezado desde diciembre del año 2015, “un plan organizado con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios” de poderosos.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y “construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente , con el fin de justificar la represión de comunidades indígenas”.
El fiscal pidió además saber si los funcionarios de Macri utilizaron recursos estatales para manipular investigaciones penales, y encubrir su responsabilidad en ellas.
En la denuncia, la APDH, destaca la actuación de fuerzas de seguridad federales sin orden judicial en determinados conflictos, la realización de tareas de inteligencia ilegal, la creación de un falso enemigo interno en la figura de la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M) y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Domingo Salvo.
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