Imputaron a los que viajaron a Lago Escondido en octubre

La fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare presentó el requerimiento de instrucción ante la jueza en la causa iniciada por el polémico viaje a Lago Escondido de un contingente de funcionarios y empresarios porteños. La persona a cargo de la investigación preparatoria penal señaló que hay una “posible comisión de delitos de acción pública”, como incumplimiento de los deberes de funcionario o tráfico de influencias, en el hecho.

La filtración del chat entre las personas que viajaron a la estancia del magnate británico Joseph Lewis terminó de destapar el escándalo asociado con el lawfare, pero en realidad es anterior. La denuncia radicada en la Fiscalía de Etchepare data del 24 de octubre, cuando el diario Página 12 reveló la existencia de ese viaje y el abogado Marcelo Hertzriken Velasco acudió a la Justicia. El letrado, además, pidió ser aceptado como querellante en la causa y ahora la fiscal solicitó a la magistrada que se expida al respecto. La cadena nacional de Alberto Fernández hizo lo propio.

En la presentación, la fiscal relata los hechos que serán objeto de una investigación más minuciosa. Etchepare pudo corroborar que el viaje fue el 13 de octubre en un vuelo privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA. Los pasajeros fueron Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. El contingente porteño fue recibido en Bariloche por Pablo Casey, Jorge Carlos Rendo y Nicolás Van Ditmar. También se corroboró que el grupo se alojó en la estancia Lago Escondido durante dos días.

Luego de la declaración testimonial del presidente de Hidden Lake S.A. (Van Ditmar) la fiscal aseguró que “los documentos (por las facturas) evidencian una clara discordancia” respecto de las fechas de los servicios supuestamente prestados y los pagos. Asimismo, advirtió que las únicas dos personas del grupo que no son funcionarios públicos fueron quienes no emitieron factura alguna. Es que, al no tener cargos en ningún poder del Estado “tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, explicó Etchepare.

El contingente de funcionarios de gobierno y de la justicia junto con empresarios del grupo Clarín llegando al aeropuerto de Bariloche.

Extraída del requerimiento de instrucción presentada por la fiscal federal.

Sobre la base de esas discordancias es que la fiscal decidió imputar a los diez personajes que se alojaron en Lago Escondido entre el 13 y el 15 de octubre de 2022. Además, le solicitó a la jueza una serie de medidas de prueba que le permitirían avanzar con la investigación.

Los pedidos de Etchepare

• Levantar el secreto fiscal y bancario de todos los imputados y de las empresas Hidden Lake SA y Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA para determinar la veracidad de las facturas y los pagos descriptos.
• Que la AFIP y la DGI analicen la autenticidad de esos documentos.
• Analizar el material fílmico disponible para terminar de determinar quiénes formaron parte del viaje para citarlos a declarar si resulta necesario.
• Los datos del vuelo de regreso a Buenos Aires de Casey y Rendo ya que no figuran en la planilla del vuelo privado que tomaron los demás.
• Responder al pedido de Hertzriken Velasco sobre su intención de ser aceptado como querellante en la causa.

Si la magistrada acepta el requerimiento de instrucción, Etchepare deberá investigar la posible comisión de delitos de acción pública. Particularmente, la infracción de 6 artículos del Código Penal: el 248 (violación de los deberes de los funcionarios públicos), el 256 y 256 bis, 257, 258 (cohecho y tráfico de influencias) y 291 (falsificación de sellos, timbres y marcas).