Una nueva condena judicial contra dirigentes bonaerenses de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se conoció este martes. En Azul, fueron juzgados tres de los máximos integrantes de la filial sindical de Olavarría, encontrados responsables de integrar una “Asociación Ilícita” que extorsionaba a empresarios del rubro.
El fallo, se suma a otras medidas judiciales contra dirigentes gremiales de la UOCRA en distritos resonantes de la provincia de Buenos Aires – todos conducidos políticamente por el PRO -, tal como ocurrió meses atrás en Bahía Blanca y recientemente, con las medidas que le revocaron la excarcelación a Juan Pablo “Pata” Medina, el ex titular de la UOCRA de La Plata. Las investigaciones, se originaron en épocas en donde el gobierno de María Eugenia Vidal alzaba la bandera contra la corrupción sindical.
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Infocielo accedió al fallo del Juez Joaquín Duba, integrante del TOC 1 de Azul, quien condenó al ex Secretario General de la UOCRA, Olavarría, Roberto D´Amico, al ex secretario de finanzas, Luis Daniel Conrado y al ex secretario de Organizaciones de Uocra, Walter Brun a condenas que van de los 9 a los 6 años de prisión. Los hechos investigados ocurrieron entre 2014 y 2018.
En el caso de Roberto D´Amico, de 78 años, fue sindicado como el Jefe Organizador de una Asociación Ilícita y coautor de los delitos de Extorsión (dos hechos), una extorsión en grado de tentativa y por tenencia ilegal de armas de fuego. El monto de pena que recibió el ex Secretario General de la UOCRA Olavarría, es de 9 años y 9 meses de prisión.
Luis Daniel Conrado, ex secretario de finanzas, fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión como coautor de la asociación ilícita, extorsión y cohecho. A eso se le suma, que fue incriminado por el delito de “Resistencia a la autoridad”, “Lesiones leves agravadas por tratarse las víctimas miembros de las fuerzas de seguridad”, dado que el delito que originó la investigación más amplia, se originó cuando arrojaba basura en un descampado y se negó a que le realizaran la infracción correspondiente. El gremialista intentó huir en un camión y se inició una persecución. Cuando se vio rodeado, se enfrentó a los golpes con los efectivos y arrojó una mochila que contenía cerca de 100 mil pesos que no pudo justificar. En el rodado en el que viajaba, hallaron un sobre a nombre de la UOCRA, que contenía dinero en efectivo.
Desde ese momento, dio inicio una extensa investigación a cargo de la fiscal oalvarriense Viviana Beytía y que continuó en el juicio, su par de Azul, Laura Margaretic. Durante la instrucción, se recabaron elementos que permitieron reconstruir “el despliegue de maniobras extorsivas contra empresarios del sector de la construcción, obligándolos a poner a disposición del gremio sumas dinerarias en concepto de pago de cuotas fijas de entre 2500 a 5000 pesos a cambio de favores o de no obstaculizar sus labores” consigna el fallo judicial.
De acuerdo a lo ventilado en las audiencias, realizadas durante el mes de julio en los Tribunales de Azul, las tareas se dividían entre las órdenes que daba el Jefe Organizador, “mientras que los otros dos sujetos resultaron ser los captores de los damnificados, tarea que realizaban en forma personal recorriendo las obras y empresas con pleno conocimiento del carácter ilícito de la maniobra”.
La condena contra la cúpula sindical de la UOCRA de Olavarría, se suma al fallo judicial que condenó en febrero de 2021 a cinco integrantes de la UOCRA Bahía Blanca, encontrados culpables de integrar una asociación ilícita y extorsión y a la medida judicial adoptada contra el ex titular de la UOCRA La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina y su hijo, a quienes la Justicia les revocó su excarcelación tras participar en un acto sindical.
En el caso de los dirigentes bahienses, fueron condenados Sergio Daniel Vázquez, Aníbal Alejandro Aranda, Sebastián Octavio Canales, Raúl Ernesto Erbin y Pablo David Gutiérrez. Tras un juicio abreviado, recibieron penas que oscilan entre 5 y 7 años de cárcel. La situación con “Pata” Medina y su hijo, Cristian “Puly” Medina, se desató producto de desobedecer la orden judicial de no participar en actividades gremiales, como condición para mantener el beneficio de la excarcelación. La justicia platense, investiga sus responsabilidades en los delitos de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión.
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