En el tramo final de los alegatos, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a cargo de la denominada “causa vialidad” – se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015- solicitaron la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta integrante de una “Asociación ilícita agravada por su condición de jefa y de administración fraudulenta por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”
La novedad se conoció tras un largo alegato de más de 9 horas. Durante su exposición, Diego Luciani aseveró que el “fraude al estado fue de 5321 millones de pesos” una cifra equivalente a 926 millones de dólares como parte de las licitaciones de la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez. “Es la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país” advirtió.
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A nivel de jerarquía, el fiscal ubicó a Cristina Kirchner como “jefe de la asociación ilícita” y señaló a los demás acusados como parte de una red integrada, entre otros, por el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Lázaro Báez.
“Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios” advirtió.
Durante su exposición se refirió a la “magnitud de los delitos cometidos” y cargó contra la vicepresidenta por el “lucro personal buscado” y las “resistencias que debió vencer”.
Consideró que la imputada actuó con “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulo” y habló de un “desprecio a la ciudadanía en general y en especial a los ciudadanos de San Cruz que vieron dilatadas la ejecución de las rutas”
“En su condición de presidenta de la nación ha incumplido y defraudado las expectativas de los ciudadanos que la votaron” manifestó.
Dijo que Cristina Kirchner se valió de su “cargo máximo jerarquía, su competencia y su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro” y habló que no existe “ni un solo atenuante a los crímenes cometidos”.
El fiscal Luciani cuestionó a Alberto Fernández
Tras un cuarto intermedio, el fiscal Diego Luciani cruzó al presidente Alberto Fernández por una supuesta “injerencia indebida” respecto a los hechos en materia de juzgamiento.
El fiscal cuestionó al Presidente por sus dichos en los que habría afirmado que las contrataciones del Estado no eran sujetos a los controles judiciales.
“Es llamativo que el Presidente no pueda distinguir esta cuestión elemental, cuando después de la detención de José López dijo exactamente lo contrario” lanzó.
“El Estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados”
A modo de cierre, el fiscal Luciani alegó: “Vimos y comprobamos como el estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados. Describimos un sin numero de arbitrariedades, abuso de poder en post de beneficiar ilegalmente y de manera millonaria al grupo empresarial de Lázaro Báez”
“Este juicio debe marcar un antes y un después en materia de corrupción en la administración pública y en especial en la contratación. Debe trasformarse en un hito que modifique este paradigma tan nocivo para nuestro país y una sociedad que está harta sobre la corrupción de su gobernantes” agregó para reivindicar una “conducta íntegra capaz de prevenir e impedir estas prácticas ilegales que eviten la corrupción sistemática. La corrupción afecta el estado de derecho y la credibilidad de la democracia”.
A los jueces, les dijo que “está en sus manos preservar el orden y la paz social” y consideró que “una sentencia ejemplar un primer paso para restaurar la confianza de las sociedad en las instituciones. Este es el momento es corrupción o justicia”.
Las penas solicitadas por Fiscalía
El fiscal Diego Luciani solicitó la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta integrante de una “Asociación ilícita agravada por su condición de jefa y de administración fraudulenta por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”.
Al empresario Lázaro Báez, una condena de 12 años de prisión como “autor penalmente responsable del delito de Asociación Ilícita agravada por la calidad de organizador y participe primario del delito de administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública”
Para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, reclamó una pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Asociación Ilícita agravada por su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública en concurso real”
A José Lopez a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por “Asociación Ilícita agravada por su calidad de organizador y de administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública en concurso real”.
Nelson Periotti – (extitular de la Dirección Nacional de Vialidad – DNV) pedido de 10 años de prisión y la inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlo como parte de una asociación ilícita
Claudio Abel Fatala – Pedido de 4 años de prisión como presunto autor responsable del delito de administración fraudulenta
Raúl Osvaldo Daruich – Pedido de 5 años de prisión para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de administración fraudulenta
Héctor Jesús Garro – Solicitan una condena de 3 años de prisión en suspenso por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta.
Juan Carlos Villafañe: piden 6 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta
Raúl Gilberto Pavasi – demandan 5 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta
Jose Raúl Santibáñez – reclaman 4 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de administración fraudulenta
Carlos Santiago Kirchner piden 2 años de prisión en suspenso
Mauricio Collareda – Solicitan 6 años de prisión por inhabilitación para ejercer cargos públicos
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