Una mesa de trabajo reunió este miércoles en la Cámara baja, a diputadas y senadoras que manifestaron su rechazo al proyecto de la senadora nacional Carolina Losada, que propone modificar el Código Penal para endurecer las penas frente a las denominadas falsas denuncias de abuso sexual y violencia de género.
Del encuentro participaron las diputadas Ayelén Rasquetti, impulsoras de uno de los proyectos presentados en la Legislatura contra la iniciativa nacional, y las senadoras Mónica Macha y Laura Clark. También estuvieron familiares de víctimas de femicidio y representantes de la organización Familiares Atravesados por el Femicidio.
La actividad tuvo como uno de sus ejes el caso de Patricia Godoy, una mujer de La Plata condenada a cuatro años y medio de prisión luego de ser denunciada por falso testimonio en el marco de una causa vinculada al cuádruple femicidio ocurrido en 2011.
Rasquetti cuestionó que la propuesta de Losada coloque el foco en las denuncias que eventualmente resulten falsas y advirtieron que una modificación de este tipo podría generar un efecto disuasorio sobre quienes buscan recurrir a la Justicia ante situaciones de violencia.
“No son falsas denuncias, faltan denuncias”, plantearon las legisladoras, al tiempo que expresaron su preocupación por el impacto que podría tener el proyecto sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes.
EL RECHAZO AL PROYECTO DE LOSADA
La iniciativa de Losada propone modificar los artículos 245 y 275 del Código Penal, vinculados a los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, respectivamente. Desde la Legislatura bonaerense sostienen que el endurecimiento de las penas podría convertirse en una barrera adicional para quienes atraviesan situaciones de violencia de género y abuso sexual.
En ese sentido, Rasquetti remarcó que “el proyecto de ‘falsas denuncias’, con el argumento de buscar la igualdad, apunta al desconocimiento y negación de la violencia de género en tanto gravísimo problema social”.
También señalaron que la iniciativa podría contribuir al desaliento de las denuncias y cuestionaron que el debate legislativo se construya sobre un fenómeno que, según datos citados durante el encuentro, representa una proporción muy pequeña dentro del universo de causas penales.
Un relevamiento federal del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales, citado por las legisladoras, analizó más de ocho millones de causas penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones.
Según esos datos, las investigaciones por falsa denuncia representaron el 0,09 por ciento del total. Además, el 92 por ciento de esos casos correspondió a delitos que no estaban vinculados con violencia de género.
Para Rasquetti y Vannelli, esos números muestran que se pretende avanzar sobre una problemática que tiene una incidencia estadística marginal, mientras persisten dificultades para que las víctimas puedan acceder efectivamente al sistema judicial.
Las legisladoras también remarcaron la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar las violencias de género y reclamaron presupuesto para su implementación.
EL CASO PATRICIA GODOY
Otro de los puntos centrales de la jornada fue la situación de Patricia Godoy, madre de Marisol Günter, víctima de un femicidio ocurrido en La Plata en 2011.
Godoy fue condenada a cuatro años y medio de prisión luego de una denuncia por falso testimonio presentada en su contra por Osvaldo Martínez, uno de los acusados en la causa por el cuádruple femicidio en la que declaró como testigo.
Las legisladoras consideraron que el caso constituye un ejemplo de los riesgos que, a su criterio, podría generar un endurecimiento de las sanciones sobre quienes realizan denuncias o brindan testimonios en causas vinculadas con violencia de género.
En ese marco, desde la mesa de trabajo expresaron su respaldo a los proyectos presentados en la Cámara de Diputados y el Senado provincial para rechazar la iniciativa nacional de Losada y reclamaron que se garantice el acceso a la Justicia para las víctimas.
Además, sostuvieron que cualquier modificación del Código Penal debería contemplar las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y evitar que nuevas normas terminen desalentando la presentación de denuncias.
