La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avanzó ayer en cambios a la ley de Presupuesto 2023, adonde incluyó un punto mediante el cual los jueces empezarán a pagar el Impuesto a las Ganancias desde el próximo año fiscal, y provocó el rechazo de la Asociación de Magistrados y del gremio de empleados judiciales, que llamó a un paro nacional.
Este viernes, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju) anunció que el próximo martes 25 llevarán a cabo un paro en todo el territorio nacional en reclamo de la iniciativa avalada en Diputados por la gran mayoría de los bloques.
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A la vez que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su rechazo en un comunicado firmado por su secretario general, Marcelo Peluzzi, en el que afirmaron que el proyecto de ley de Presupuesto pretende “violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos”.
Por lo cual, llamaron a “sesión permanente”, “conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento, y en contacto todos los espacios con un objetivo común”, indicaron.
De esta forma, se avecina una nueva pelea en torno a que los magistrados paguen Ganancias, en tanto que en 2016 el PRO impulsó una iniciativa semejante que fue trabada en la Justicia por un amparo justamente de la propia Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el cual terminó por ser rechazado por la Corte Suprema de Justicia y desde el 2017 al menos una minoría de los magistrados paga el impuesto de forma parcial.
La medida que se debate en Diputados generó también la preocupación de la Corte Suprema, y este viernes trascendió que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los magistrados Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda se reunieron esta mañana para evaluar el proyecto durante alrededor de una hora. Lo único seguro por ahora es que no se quedará de brazos cruzados.
Por su parte, desde el Frente de Todos apuntaron al elevado costo fiscal que implica la exención de que los jueces no paguen Ganancias: “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, señaló el diputado Itai Hagman; mientras que su par Marcelo Casaretto sostuvo que “si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”.
La medida fue avalada por el PRO, la UCR y la gran mayoría de los bloques, a la vez que desde Evolución Radical propusieron que aquellas familias judiciales que tengan hijos en escuelas privadas o en universidades, puedan deducir Ganancias para el pago de las cuotas de las mismas. Sería para hijos de hasta 24 años, y con un tope del 40%.
Sin embargo, desde Sitraju pusieron el grito en el cielo, y aseguraron que “no van a gravar solo a los jueces que representan un 4% del universo imponible, van a gravar al 96% restante que lo representan trabajadores y trabajadoras judiciales, entre empleados y funcionarios.”
Y sostuvieron: “No hay épica en esta medida, hay negligencia, hay discurso tribunero, pero no reparto real de la riqueza. No estamos realizando una transferencia de ingresos del sector del capital hacia el sector del trabajo, lo que se está haciendo es un reparto interno entre los asalariados, cuya consecuencia es la nivelación hacia abajo del poder adquisitivo, así cada día todos y todas tendremos un poquito menos”.
Cabe recordar que esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, elevó el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a $330.000 mensuales a partir del mes de noviembre.
Desde el sindicato, no obstante, apuntaron al Frente de Todos que dio dictamen a los cambios en Diputados, y en el comunicado difundido este viernes manifestaron: “Recordemos que fue Mauricio Macri el 30 de octubre del 2017 en la presentación del ajuste con las tres reformas del Estado, quien vociferó como una aberración que un trabajador judicial que sirve el café gane un buen sueldo. (…) Son ellos quienes necesitan un Poder Judicial de rodillas, para poder domminarlo y ejercer la persecusión del lawfare.”
“Diputados y diputadas escuchen a quiénes trabajan, la hora demanda coraje en medidas redistributivas, sean dignos representantes de los intereses populares”, cerraron.
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