En las últimas horas, el diputado del PRO, Martín Endere, presentó un proyecto de ley que propone implementar un examen de idoneidad obligatorio para los aspirantes a trabajar en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa sigue la línea de la medida anunciada por el Gobierno de Javier Milei, que afecta a unos 40 mil empleados estatales.
El proyecto establece que los exámenes contemplarán “conocimientos y competencias generales” para todos aquellos que aspiren a ingresar al Estado provincial, con la excepción de quienes se postulen para puestos que ya tienen un proceso de selección propio, como los cargos en la policía, los penitenciarios, los docentes y el personal médico, entre otros.
En declaraciones al respecto, Endere explicó que la propuesta responde a la “necesidad indudable” de modernizar la estructura del Estado bonaerense, y que el objetivo es contar con una “planta más eficiente” que ofrezca acceso libre y justo a todos los ciudadanos de la provincia. En sus palabras: “Para ello, el Gobierno bonaerense debe contar con una planta de empleados públicos más eficiente y de libre acceso para todos los vecinos.”
Características del proyecto
Una de las particularidades de este proyecto es que propone que los exámenes sean anónimos, lo que significa que el desempeño de los aspirantes será lo único que determine su ingreso, eliminando cualquier posibilidad de discriminación o favoritismo. “Los partidos gobernantes suelen utilizar las gestiones para otorgar cargos a sus militantes, sin importar en algunos casos cuán preparados o capacitados se encuentren”, señaló el diputado, quien también apuntó a que, actualmente, la administración pública de la provincia de Buenos Aires cuenta con alrededor de 500 mil empleados.
Además, Endere explicó que el objetivo de esta medida es asegurar que las posibilidades de hacer carrera en el sector público sean abiertas para todos los trabajadores, y no solo para aquellos favorecidos por su vinculación política. “Hoy, la planta de la administración pública tiene alrededor de 500 mil empleados, y en muchos casos, las designaciones responden más a razones políticas que a la verdadera capacidad de los aspirantes”, criticó.
El proyecto también establece que los responsables de recursos humanos de cada unidad serán los encargados de recopilar la información sobre los aspirantes que rindan el examen. Estos datos serán consignados en un expediente personal, y la evaluación será determinante para definir las incorporaciones a la administración pública provincial.
Con esta medida, Endere busca poner fin a lo que considera una “falta de profesionalización” en el empleo estatal, dando paso a un sistema más transparente y meritocrático.
