El Gobierno Nacional de Javier Milei sigue avanzando con el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Según cifras oficiales, ya achicó su personal en más de 800 puestos de trabajo y también eliminó una serie de servicios que prestaba. Ahora, anunciaron una nueva ola de despidos.
“En la reunión del Consejo Directivo, el presidente, Miguel Ángel Romero, confirmó que desde el Ministerio de Desregulación piden una nueva eststructura y la desvinculación de más de 700 agentes“, anunciaron desde la asamblea multisectorial del INTI. Eso sucedió ayer y hoy la sede del organismo ubicada en General Paz y Constituyentes amaneció custodiada por Gendarmería y con protestas gremiales.
Mientras tanto, la administración libertaria habla de una reorganización de la oferta tecnológica del organismo. Según informaron la semana pasada, “el INTI dispuso la cesación de una serie de servicios técnicos sistematizados que no registraban demanda efectiva o que ya contaban con oferta suficiente en el sector privado”. En total, son 923 funciones de control de calidad y seguridad que el instituto ya no cumplirá.
Sin embargo, rápidamente salieron a desmentirlo desde el interior del organismo, pero también desde el sector productivo. Por ejemplo, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) sacó un comunicado repudiando el vaciamiento y advirtiendo sobre el “riesgo para la población”. “Se abandonan servicios esenciales para las empresas, al mismo tiempo que se transfiere el control de áreas sensibles, como alimentos, salud, agua y construcción, al sector privado, que carece de las capacidades para llevar a cabo esas tareas“, consignaron.
Paralelamente, 13 subgerentes del organismo firmaron una carta dirigida a la dirección operativa para pedir que no avancen con la cesación de las prestaciones en cuestión principalmente por dos razones. La primera es que la oferta de estos servicios complementa a al mercado actual, pero también “cubre vacancias críticas del sistema tecnológico”.
La segunda razón que expuso el personal jerárquico contra el desguace del INTI está vinculada a lo que parece estar buscando el Gobierno Nacional. “La eventual discontinuidad de estas prestaciones implica riesgos concretos para el Instituto”, afirmaron. Entre esos peligros, nombraron la “pérdida de conocimiento técnico acumulado“, la “desarticulación de equipos especializados” y la “dificultad de reconstrucción de capacidades en el mediano y largo plazo“.
