El Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) salió al cruce del reciente fallo judicial que suspende la exploración offshore de recursos hidrocarburíferos en el Mar Argentino.
Para la entidad, la decisión del juez federal de Mar del Plata Santiago Martín, – será apelada por el Gobierno nacional– “abona la sospecha de imprevisión y falta de controles en el otorgamiento de permisos”.
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“En el fallo se hace mención a la falta de consulta previa, estudios de impacto ambiental incompletos y falta de publicidad sobre los términos, lo cual demuestra un preocupante desconocimiento de los procedimientos por parte de quienes decidieron la prohibición” advirtieron desde el Instituto.
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“Ningún permiso fue salteado, minimizado ni dejado de lado”
Para el IAPG, la medida cautelar “constituye una injusticia” que alcanza tanto a la industria del petróleo y el gas como a “las decenas de instituciones técnicas, científicas y académicas cuyos profesionales de gran prestigio trabajaron en el permiso durante meses”.
“Durante meses, numerosas dependencias del Estado Nacional, varias de ellas, parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Energía de la Nación, analizaron, observaron y corrigieron el estudio, en varias rondas de consultas técnicas” recordaron. “También participaron otras, como la Prefectura Naval, la Armada, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero” dijeron.
Desde la entidad, mencionaron que “el proceso incluyó una audiencia pública que duró tres días seguidos y de la que participaron cientos de personas y entidades de todo el país”. “El Municipio de General Pueyrredón no lo hizo por decisión propia”, aseguró. Pero aclaró que “nadie impidió su participación ni tampoco puede aducir que no estaba enterado”. “¿Cómo se enteraron, entonces, cientos de personas e instituciones que sí participaron?” cuestionaron.
“Durante la audiencia pública, personas e instituciones manifestaron sus acuerdos y sus objeciones técnicas con absoluta libertad, a través de un canal en directo y abierto al público en general; información que luego el Estado tomó en cuenta para su decisión” añadieron.
Y finalmente concluyeron: “Como instituto técnico dedicado a los hidrocarburos queremos reafirmar y dejar en claro que ningún procedimiento ni acto requerido por las regulaciones para la aprobación de un permiso exploratorio fue salteado, minimizado ni dejado de lado”.
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