El ambicioso proyecto de dotar a la ciudad de Olavarría de un Polo Judicial que albergara juzgados, fiscalías y hasta una alcaidía, está a punto de quedar en la nada, por la decisión de la empresa encargada de la construcción, Bricons SAICFI, de no continuar los trabajos y pedir la rescisión del contrato.
Con su decisión Bricons provocó un firme planteo de la Suprema Corte bonaerense hacia el gobierno de María Eugenia Vidal, para demandar mayor presupuesto que permita hacer frente a gastos de funcionamiento cotidianos y también a la concreción de obras de infraestructura con una mirada a mediano plazo.
TE PUEDE INTERESAR
En el medio de las tensiones por la designación de Sergio Torres en el máximo tribunal, un hombre considerado “foráneo” toda vez que proviene de la Justicia Federal y de quien se sospecha que ni siquiera tiene domicilio en la Provincia, como dicta la Constitución, lo de Olavarría fue demasiado.
Pero también en la ciudad hubo ecos: en el Concejo Deliberante, todos los bloques políticos consensuaron un proyecto de declaración en el que manifestaron su preocupación por el freno de la obra ya que, dijeron, “es de suma importancia para Olavarría y la región, tratándose de un proyecto y anhelo de los olavarrienses, gestado en administraciones anteriores con acuerdos multiniveles de Gobiernos y entre los distintos Poderes del Estado Provincial y puesto en ejecución en las gestiones actuales”.
En efecto, la obra fue proyectada en 2017 y se le asignó un presupuesto de casi 350 millones de pesos y constaba de tres etapas, con desembolsos de 57 millones de pesos para este año, 126 millones para 2020, 73.5 millones para 2021 y 63 millones para 2022. Los fondos, provenientes del presupuesto de la Administración de Justicia, se ejecutaban mediante el Ministerio de Infraestructura.
El problema es que las sucesivas devaluaciones y su impacto en los precios llevaron a que la firma debiera pedir redeterminaciones en más de una ocasión. Ya en octubre del año pasado, cuando empezaron a sentirse los efectos de la depreciación del peso, bajó la intensidad de los trabajos, aunque se descartó oficialmente su interrupción. El contrato, vale aclarar, se firmó con un dólar a 20 pesos.
Esa situación llegó a su fin ayer. Una ingeniera de la empresa, identificada como Sylvabell Díaz Maimone, le dijo a El Popular que “por el momento se encuentra neutralizada pero se va a rescindir el contrato por falta de fondos y en un mes se va a desmantelar la obra”.
La enorme mole, de 12.700 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, donde iban a funcionar oficinas para jueces, fiscales y defensores, se ubica en la intersección de Bolívar y 25 de Mayo, a apenas seis cuadras del palacio municipal. Un verdadero elefante blanco en pleno centro de la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR
