Luego de que el gobierno de la Provincia reglamentara la Ley de Víctimas, la norma que reconoce a las personas víctimas de delitos una mayor participación en el proceso penal y el derecho a ser asistidas desde una perspectiva jurídica y psicosocial, desde el Consejo de Víctimas celebraron el hecho.
En diálogo con La Cielo, el secretario Legal y Técnico del Consejo de Víctimas, Emmanuel Terrón, destacó los avances que implica para las familias y organizaciones poder contar con esta normativa.
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“Esto era un reclamo de muchos años de los familiares de víctimas: tener una ley que contemple derechos y garantías. A mi hermano lo asesinaron en 2016 y me tocó enfrentar el proceso penal y me di cuenta que la victima no era tenida en cuenta, su actuación en el proceso estaba limitada, dependía de la voluntad del fiscal, si no le interesaba no había herramientas”, relató el abogado.
Cabe recordar que este Consejo había sido disuelto en 2016 y en mayo de 2020 fue reinstalado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak.
Por caso, uno de los aspectos destacados de esta normativa es el patrocinio jurídico para personas víctimas de delitos que no puedan afrontar ese gasto.
“El primer objetivo era establecer una columna vertebral de derechos y garantías, dentro y fuera del proceso penal. Esta ley tiene que venir acompañada de políticas públicas”, resaltó Terrón.
El letrado explicó que a través de esta ley “se van a poder presentar las asociaciones como particular damnificado”, lo que genera una amplitud en los derechos de mucha gente que por diferentes motivos no está acompañada por su familia directa.
“En 2017 se sancionó la ley nacional e invitaba a las provincias a adherir, en 3 años solo lo hicieron la CABA y La Rioja, era una deuda de la Provincia de Buenos Aires y esto viene a reconocer a las víctimas”, aseguró.
Además, la reglamentación prevé protocolos de derivación hacia el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual cuando se trata de supuestos de violencia de género y hacia el Organismo de la Niñez y la Adolescencia ante casos que afecten a personas menores de edad.
En ese plano, el joven abogado explicó que “la ley establece un piso básico de derechos y garantías: a ser informada, escuchada, a intervenir en el proceso, derecho a ser asistida en todas las etapas del proceso, tienen derecho a presentarse las asociaciones, es una ampliación de derechos que vino para quedarse. Este es el punto de partida”.
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