La Justicia desestimó el pedido de elevación a juicio de la causa que en la que se investigaba por supuestas irregularidades a Daniel Scioli durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires, tras una denuncia presentada por la dirigente Elisa Carrió.
La determinación fue adoptada por el titular del Juzgado de Garantías Número 6 de La Plata, Agustín Crispo – juez nombrado por la exgobernadora María Eugenia Vidal– por presunto “lavado de activos” y “desvío de fondos” cometidos durante la gestión de Daniel Scioli.
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La acusación instrumentada por el fiscal Álvaro Garganta, también era extensiva los exfuncionarios provinciales Alberto Pérez, Alejandro Collia, Antonio La Scaleia, Eduardo Aparicio, Walter Carbone, Guillermo Scarcella y el empresario Estanislao Miller, entre otros.
Los fundamentos del juez para dictar la nulidad de la causa
“De la lectura de las partes integrantes que componen el requerimiento fiscal de elevación a juicio, advierto déficits, que ineludiblemente acarrean dictar su nulidad”, indicó el juez en su resolución.
El funcionario judicial consideró que “debe hacerse lugar a los múltiples planteos nulificantes” de las defensas, ya que se podría generar “un perjuicio concreto para alguna de las partes” y advirtió la posibilidad de “afectación de garantías de raigambre constitucional” como los derechos de defensa en juicio y principio de congruencia.
Fuentes judiciales agregaron a Infocielo que existen numerosas falencias como “falta de testigos” ni recolección de pruebas a partir de conversaciones teléfonicas. “La investigación fue ineficaz porque no llevó a prueba” señalaron.
En esa línea, los elementos relevados tienen un carácter “conjetural” y no existe una “descripción lógica y razonada de los hechos, los imputados no saben de que se tienen que defender” explicaron.
“El fiscal no presentó prueba que acredita la comisión delictiva que pretende endilgarle a los imputados. Hay ausencia de motivación y fundamentación en la acusación que traer aparejada la nulidad” explicaron.
En esa dirección, observó que “la pesquisa no ha respetado los parámetros de idoneidad que debe contener a los fines de explicar el caso, tornándose la misma en ineficaz” y, al referirse a la autoría responsable, el juez señaló que el fiscal “tampoco consigna de manera clara la prueba que la acreditaría”.
Los antecedentes de la denuncia de Elisa Carrió contra Daniel Scioli
La causa se inició en 2016 a partir de una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por presunto “lavado de activos” y “desvío de fondos” cometidos durante el gobierno de Scioli
En 2019, la jueza Marcela Garmendia fue apartada por el Tribunal de Casación por “sospecha de parcialidad”, tras lo cual se designó por sorteo a Crispo, magistrado designado a proposición de Cambiemos.
“Este temor fundado o sospecha legítima de parcialidad es justamente el que se verifica en el caso sometido a tratamiento, toda vez que se presentan en el ‘sub lite’ elementos suficientes para temer que la señora Jueza Garmendia ha abandonado su rol de tercero imparcial”, se asegura en la resolución judicial que establecía el apartamiento de la magistrada.
El fiscal acusó durante la instrucción a Daniel Scioli de haber adjudicado de manera irregular nueve obras públicas para construir Unidades de Pronta Atención en la Provincia por $ 117 millones al empresario Miller, a cambio de “dádivas”.
El fiscal también acusó al exjefe de Gabinete, Alberto Pérez y su segundo, Walter Carbone, de haber sustraído de las arcas del Estado provincial $ 10.720.347 en al menos 25 ocasiones; y también planteó supuestas irregularidades en el IOMA y en el ministerio de Infraestructura.
Sin embargo, el magistrado desestimó la prueba aportada por el fiscal y la consideró deficitaria y carente de “parámetros de idoneidad”, por lo que la causa fue anulada.
Si bien la determinación no implica el sobreseimiento definitivo- hay una instancia de revisión para hacer ajustes- la etapa de instrucción quedó cerrada.
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