El diputado de La Cámpora, Facundo Tignanelli, presentó un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, una iniciativa que busca brindar herramientas para asistir a familias que no pueden afrontar sus deudas y establecer un procedimiento de negociación previo a cualquier reclamo judicial. La propuesta fue presentada este jueves junto al defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en la sede del organismo.
La iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de los hogares. Según sostuvo el legislador durante la presentación, muchas familias contrajeron obligaciones para afrontar gastos cotidianos como alimentos, tarifas de servicios públicos o medicamentos, más que para adquirir bienes de mayor valor.
UN PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA RENEGOCIAR LAS DEUDAS
El eje del proyecto es la creación de un régimen específico para consumidores sobreendeudados, destinado a prevenir y resolver situaciones en las que una persona ya no puede cumplir regularmente con sus obligaciones económicas. El texto define como consumidor sobreendeudado a quien, por su situación patrimonial, no puede afrontar sus compromisos sin comprometer su subsistencia o la de su grupo familiar.
Para esos casos, propone crear una instancia prejudicial obligatoria que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo bonaerense. Antes de iniciar un juicio por cobro, tanto el acreedor como el consumidor deberán pasar por ese procedimiento, donde el organismo buscará alcanzar un acuerdo de reestructuración entre las partes.
El mecanismo será gratuito para los consumidores y permitirá reunir en un único trámite todas las deudas derivadas de relaciones de consumo, incluyendo préstamos bancarios, créditos personales, tarjetas de crédito, financiaciones, servicios públicos, telefonía, salud, educación y créditos otorgados mediante plataformas digitales.
LÍMITES A LAS CUOTAS Y NUEVAS REGLAS PARA PRESTAMISTAS
Entre los aspectos centrales del proyecto, se establece que la suma de las cuotas acordadas en la renegociación no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto del deudor. Además, toda propuesta de regularización deberá contemplar al menos dos medidas entre la ampliación de plazos, la reducción de la tasa de interés o una quita parcial del capital adeudado.
La iniciativa también crea un Registro Provincial de Prestamistas para quienes otorguen créditos de manera habitual fuera del sistema financiero regulado por el Banco Central. Quienes no se inscriban perderán beneficios al momento de reclamar judicialmente el cobro de sus créditos, ya que no podrán exigir intereses, comisiones ni utilizar la vía ejecutiva.
PROHIBICIONES PARA LAS COBRANZAS
Otro capítulo del proyecto apunta a regular las prácticas de cobranza. Prohíbe amenazas, intimidaciones, llamados reiterados, contactos con familiares o empleadores y cualquier modalidad que implique hostigamiento o afecte la dignidad del deudor. También obliga a que toda gestión de cobro identifique claramente al acreedor, detalle el origen de la deuda y discrimine capital, intereses y demás cargos.
Durante la presentación, Tignanelli explicó que el objetivo es equilibrar la relación entre los consumidores endeudados y las entidades acreedoras. En ese sentido, sostuvo que la intervención de la Defensoría permitirá negociar “en una situación de igualdad” con bancos, financieras y otros prestamistas, utilizando las herramientas previstas en la legislación de defensa del consumidor.
