En medio de la suba de tarifas de los servicios públicos, desde el Foro Multisectorial Contra los Tarifazos en conjunto con la Asociación de Defensa de los Derechos de los Consumidor (ADDUC) presentaron una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Economía, los Entes Reguladores y las empresas prestadoras de luz, agua y gas.
La denuncia alcanza a las empresas cuya concesión se presta en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, para que se declare la “inconstitucionalidad” y la “nulidad” de las resoluciones que establecen los nuevos cuadros tarifarios “al considerarse desproporcionados, irrazonables y confiscatorios”.
En el amparo, además, se solicita ordenar a las empresas demandadas a abstenerse de requerir o perseguir el cobro de cualquier suma de dinero con causa en la norma referida; disponer de un nuevo esquema de precios y tarifas para los servicios públicos de electricidad, gas y agua en redes con arreglo a la Constitución y obligar al Estado Nacional a mantener la tarifa social.
Según consignaron, el “tarifazo” que lleva adelante el Gobierno Nacional produce que la capacidad de pago de los usuarios residenciales y no residenciales, comerciantes, PyMEs, ONG’s, clubes de barrio, instituciones de bien público, jubilados, etc. estén al límite de sus recursos provocando la imposibilidad de pago, situación que se agrava con los aumentos al transporte.
En este sentido, Osvaldo Bassano de ADDUC afirmó: “Se duplicó el peso de la canasta de luz, agua, gas y transporte sobre los ingresos de los asalariados del sector formal privado, en menos de un año. Con las actuales tarifas se viola el espíritu y letra de la Constitución”.
En tanto, Adrián Ganino, uno de los coordinadores del Foro Multisectorial contra los Tarifazos, sostiene que “este esquema impagable degrada cada vez más el poder adquisitivo y aumenta desigualdades” y marcó que “poner un freno a los tarifazos es necesario y urgente”.
Aumento de los servicios públicos: los motivos del amparo
Según expresaron desde el Foro, el aumento de las tarifas de servicios públicos lidera el aumento de los precios y supera a la inflación generalizada que mide el INDEC, siendo la clase media la más afectada, que, junto a los sectores de ingresos más bajos, percibe los porcentajes más altos de subas en las boletas.
En el AMBA, la tarifa de luz que más subió es la que alcanza a la clase media, con un incremento del 758%, frente a salarios medios que subieron menos del 154% (entre noviembre de 2023 y octubre de 2024).
Los precios de la electricidad, el gas y otros combustibles acumularon un alza de 357,9%, mientras que la inflación general aumentó 146,9% en el mismo período (noviembre 2023 – agosto 2024).
En el caso de la tarifa del gas, también en el AMBA, la clase media sufrió un incremento de 198,8%, mientras que aumentó un 225,9% para el sector con menos ingresos y un 113% para el grupo de mayor poder adquisitivo.
“Los usuarios de los Servicios Públicos tienen derecho a la información y a la transparencia en cómo el gobernante administra los bienes públicos. La energía, el gas y el agua es un bien público y un Derecho Humano que se encuentra por encima del interés de los mercados”, afirman en la demanda presentada.
