El próximo 28 de marzo comenzará el juicio político contra el fiscal provincial de San Isidro, Claudio Scapolán, acusado de liderar una organización narcocriminal integrada por funcionarios judiciales y policías.
Se trata de un caso paradigmático con presuntas ramificaciones en variopintas terminales políticas, cuya investigación comenzó en el año 2016 y aún queda pendiente de resolución.
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El jurado de enjuicimiento, a cargo de la jueza Ana María Bourimborde, resolvió de forma casi unánime -con la sola excepción de la senadora oficialista Sofía Vanneli– llevarlo al estrado, por lo que alrededor de 50 testigos desfilarán por el anexo del Senado bonaerense en la ciudad de La Plata.
Entre los testigos, se encuentra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, encargada de la instrucción de la investigación federal contra Scapolán que llevó a cabo el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.
En agosto pasado, Arroyo Salgado denunció en La Nación+ que fue recusada de esa investigación por “dos letrados con aceitados contactos políticos, uno de ellos había sido funcionario del ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”.
“Los abogados que tiene este fiscal provincial uno de ellos fue jefe de Gabinete del señor Cristian Ritondo durante su gestión en el ministerio de Seguridad, el otro de los letrados fue asesor de Emilio Monzo”, disparó entonces la magistrada sobre los abogados Marcelo Rochetti y Marcelo D´Angelo, respectivamente.
En su acusación contra Scapolán, Arroyo Salgado había señalado los delitos de “asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público reiterada, instigación al falso testimonio agravado, sustracción de medios de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, uso de documento público falso reiterado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Sin embargo, más tarde la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, revocó el procesamiento efectuado por la jueza Arroyo Salgado e imputó a Scapolán solo por los delitos de falsedad ideológica de documento público e incumplimiento de deberes.
Ahora, los tres magistrados que revocaron el procesamiento de Scapolán serán citados a testificar en el Anexo del Senado, además de la jueza Arroyo Salgado, el fiscal Domínguez y un gran cantidad de policías y funcionarios judiciales, entre otros.
“Causa Scapolán: la trama policial y judicial aún impune”
Este es el subtítulo del informe que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le dedicó al titular de la Fiscalía de Delitos Complejos de San Isidro, Claudio Scapolán, por sus delitos presuntamente cometidos entre 2012 y 2015.
La CPM fue querellante en la causa federal que investiga el accionar de Scapolán, participará en el juicio político que inicia a fines de este mes y es quien insistió ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense con que se revise la falta de mérito dictada a Scapolán por los delitos de extorsión y narcotráfico.
En su informe, la CPM señala que Claudio Scapolán, junto al secretario de su fiscalía, Maximiliano Jarisch, y el auxiliar letrado Gustavo Sanvitale, se asociaron con policías del área de Drogas Ilícitas “con el objeto de beneficiarse personalmente de la regulación y el gerenciamiento del narcotráfico”.
Las actividades delictivas tuvieron epicentro en los municipios de San Isidro, Moreno y San Martín, y consistían en extorsionar delincuentes, plantar pruebas y hasta robar estupefacientes a narcotraficantes para luego volver a introducirlos en el narcomenudeo.
El paradigmático caso Anacona
En un operativo conocido como “Leones Blancos”, Claudio Scapolán ordena un procedimiento en 2014 para allanar de urgencia una camioneta que se trasladaba en una jurisdicción que no era la suya. En el peaje del Camino de Buen Aire a la altura de Ruta Panamericana, interceptan el vehículo que transportaba 1.000 kg de cocaína.
Así todo, en la causa que llevaba adelante el fiscal en cuestión fueron declarados solo 500 kg que figuran en el expediente.
“El resto fue instalado en el mercado ilegal para su comercialización, obteniendo importantes sumas de dinero por su venta en la costa atlántica durante la temporada de verano y, posiblemente, a Europa y Brasil”, aseguró la investigación de Arroyo Salgado reseñada por la CPM.
Asimismo, las crónicas policiales ponen como consecuencia de este caso las muertes de René Domingo Guzmán en julio de 2017, baleado frente a su casa en Lomas de Zamora, y de Diego Xavier Guastini, asesinado en 2019 a metros de la Municipalidad de Quilmes por un sicario. Los dos habrían sido informantes de la DDI de Quilmes, en un caso, y de la ex SIDE en otro.
“El método criminal de la operación consistía fundamentalmente en sustraer estupefacientes a personas ligadas a su comercialización, para posteriormente reintroducirlos en el circuito clandestino; en mecanismos de extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares; en el fraguado o armado de causas y la extorsión a personas sin vínculo con el narcotráfico (…) en la detención de personas que no eran narcotraficantes con fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia”, cierra la CPM.
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