La Coalición Cívica (CC) volvió a insistir en completar el juicio y la destitución del fiscal provincial de San Isidro, Claudio Scapolán, quien fuera investigado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por ser el presunto jefe de una organización narcocriminal integrada por comisarios, policías y abogados.
En un comunicado, la CC señaló hoy que “las recientes manifestaciones públicas de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fuera apartada de la causa por abogados con aceitados contactos políticos, de acuerdo a lo sostenido por ella, respaldan la veracidad de los dichos de Elisa Carrió de los últimos días.”
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Desde la fuerza que comanda Elisa Carrió se refirieron a las declaraciones de la ex esposa del fiscal Nisman realizadas en LaNación+, en las que acusó a dos abogados del entorno del presidente del interbloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, de recusarla en la avanzada investigación contra el fiscal Scapolán.
“El 1 de julio pasado hemos enviado una nota al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para volver a reclamar la remoción del cargo del fiscal Scapolán ante la gravedad, pluralidad y extensión en el tiempo de los hechos y faltas atribuidos y por haber “perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad”, expresa el comunicado de la CC.
A la vez, indicaron que les enviaron la nota a “las autoridades partidarias y parlamentarias de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires”, ante lo que consideraron “la falta de avances contra ese fiscal por parte de la política provincial.”
Por último, remarcaron que Arroyo Salgado había dictado el procesamiento del fiscal Scapolán en octubre pasado, por un gran cúmulo de ilícitos: asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público reiterada, instigación al falso testimonio agravado, sustracción de medios de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, uso de documento público falso reiterado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La jueza investigaba el pedido de coimas a narcos así como la sustracción de la droga en algunos operativos por parte de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín entre 2013 y 2015, a cargo entonces de Scapolán.
Quiénes son los abogados apuntados por Arroyo Salgado
En la entrevista televisiva, la jueza federal Arroyo Salgado relató que cuando alcanzó el procesamiento de los funcionarios provinciales “que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico”, le llegó la recusación del abogado de Maximiliano Jarisch, uno de los imputados funcionarios judiciales del equipo de Scapolán. Se trata del letrado Marcelo D’Angelo, a quien la jueza indica como un asesor del ex titular de la Cámara de Diputados nacional entre 2015 y 2019, Emilio Monzó.
Marcelo Alejandro D´Angelo fue además asesor de Legales de Cristian Ritondo cuando éste era el vicepresidente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015, en el cargo de director general de Asuntos Jurídicos. E incluso figura como aportante en el estado contable del PRO CABA en junio del 2016.
Cuando D´Angelo recusó a la jueza Arroyo Salgado en la causa en la que investigaba al aparente fiscal narco, la Cámara de San Martín la mantuvo en el cargo, pero luego el juez de Casación Mariano Borinsky le decretó la nulidad.
Según contó la jueza, a los seis meses de que la recusación del asesor de Ritondo fuera sellada por el otrora juez visitante a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, Arroyo Salgado sería recusada en otra causa con tres años de desarrollo por otro asesor del ahora candidato a gobernador bonaerense: el abogado Marcelo Rochetti.
En este caso, Arroyo Salgado investigaba el lavado de activos en el pase de jugadores de fútbol, donde estaban involucrados equipos como Racing, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión. Uriel Pérez Jaurena, ex jugador, manager y uno de los empresarios más importantes acusados por las maniobras, contrató la representación legal de Rocchetti, quien en junio pasado recusó a la jueza.
Marcelo Hugo Rocchetti fue jefe de Gabinete en el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires cuando Cristian Ritondo se encargó de la cartera en la gestión de María Eugenia Vidal. Cargo que ocupó hasta que Elisa Carrió lo acusara de integrar una asociación ilícita junto al operador judicial Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo.
Antes de salirse del ministerio de Seguridad, Marcelo Rochetti fue parte de la trama de espionaje ilegal que pesó durante el gobierno de María Eugenia Vidal, por parte de la Auditoria de Asuntos Internos a cargo de Guillermo Berra y de la Dirección de Auditoria Patrimonial del Ministerio de Seguridad, de acuerdo consta en el proyecto de repudio de tales actividades ilícitas de los diputados del Frente de Todos.
Según describió el periodista Santiago Rey, Marcelo Hugo Rocchetti y Marcelo Alejandro D’Angelo trabajaron en conjunto en la representación letrada del albatro Francisco Javier Pintos, acusado de ser partícipe necesario del asesinato de Rafael Nahuel en noviembre de 2017 al sur de Bariloche.
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