Una polémica se desató en las últimas horas cuando se conoció que los abogados de algunos de los integrantes de “la banda de los copitos” en la mira por el atentado a Cristina Kirchner, Gastón Marano y Brenda Salva, se desempeñaban hasta la actualidad como asesores de legisladores nacionales del PRO.
Tras conocer que Salva se presentó como abogada de Gabriel Carrizo, que está señalado por ser la cabeza de la banda de la que forman parte Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Díaz, el Frente de Todos reclamó su salida como asesora.
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Ayer por la noche, el Frente de Todos le pidió a la diputada del PRO por San Luis, Karina Bachey, que “separe con urgencia de su staff de asesores” a la abogada Salva.
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“Su permanencia contradice el apego a la convivencia democrática en la que debe funcionar la Cámara de Diputados. Somos las y los diputados quienes elegimos a nuestros colaboradores. Y somos nosotros los que tenemos que, individualmente, pedir su baja administrativa”, señalaron desde el bloque oficialista.
Hoy, la diputada respondió en consecuencia y desvinculó a Salva de su equipo en la comisión de Discapacidad. “Como dirigente política corresponde velar por el esclarecimiento de este hecho y por la paz social, en pos de defender siempre la Democracia y el respeto a las instituciones”, señaló la diputada.
Por otro lado, Marano, quien se desempeñaba como asesor del senador del PRO, Ignacio Torres, en la comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, también fue separado del cargo.
En ese caso, el senador marcó a Infobae que le habían presentaron al abogado en la Cámara alta como un especialista en temas de geopolítica e inteligencia y que quisieron sumarlo a él “en una operación burda”, por lo que luego pidió su desvinculación.
Cómo sigue la causa: Sabag Montiel y Uliarte no apelaron
En el marco de la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, dos de los imputados, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, no apelaron sus procesamientos con prisión preventiva donde se los acusa de tentativa de homicidio.
Con la posibilidad de apelar ante la Cámara Federal los procesamientos impuestos por la jueza María Eugenia Capuchetti, las defensas decidieron no hacerlo.
De esta forma, el procesamiento quedó firme y la jueza está en condiciones de ya elevarlos a juicio oral y público debido a que las pruebas contra ambos son contundentes.
Mientras tanto, la jueza Capuchetti tiene que definir si procesa o no a los otros dos implicados: Agustina Díaz y Nicolás Carrizo.
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