El reclamo argentino para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la defensa británica de las actividades en el archipiélago quedaron enfrentados este martes en Hamburgo, Alemania, durante la primera jornada de audiencias del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El organismo escuchó los argumentos de ambos países en el marco del pedido de medidas provisionales presentado por Buenos Aires para detener el desarrollo del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.
La delegación argentina estuvo encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de Cancillería y agente ante el Tribunal. Durante su exposición, sostuvo que la autorización unilateral de actividades hidrocarburíferas por parte del Reino Unido viola las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), debido a que se trata de un área alcanzada por una disputa de soberanía aún sin resolver.
Oyarzábal aclaró que la Argentina no pretende que el TIDM se pronuncie sobre la soberanía de las islas, sino que ordene medidas para impedir la explotación de los recursos naturales mientras se desarrolla el arbitraje internacional previsto en la Convemar. En ese sentido, recordó las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconocieron la existencia de la controversia e instaron a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales.
Uno de los principales argumentos argentinos estuvo vinculado con el carácter irreversible de la explotación. “Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, planteó el representante nacional. También advirtió que la perforación modifica de manera permanente el lecho y el subsuelo marino y que una eventual indemnización económica no permitiría recuperar la situación anterior.
El proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla un desarrollo de explotación petrolera durante 35 años, con la posibilidad de perforar hasta 23 pozos de producción. Según lo expuesto durante la audiencia, las primeras perforaciones están previstas para el 21 de marzo de 2027, mientras que el inicio de la extracción se proyecta para marzo de 2028.
La representación argentina también planteó los posibles riesgos ambientales de la iniciativa. Oyarzábal recordó antecedentes de fallas en pozos de exploración en la zona y advirtió sobre la posibilidad de que un eventual derrame alcance aguas argentinas. En ese marco, sostuvo que el país podría afrontar las consecuencias de un incidente sin haber participado en las decisiones que habilitaron la explotación.
Del otro lado, el Reino Unido rechazó los argumentos argentinos y cuestionó tanto la competencia del Tribunal como la necesidad de adoptar medidas provisionales. La fiscal general británica, Ellie Reeves, encabezó la exposición y sostuvo que las restricciones solicitadas por Buenos Aires tendrían consecuencias económicas para los habitantes de las islas.
Según planteó, la población del archipiélago tiene derecho a explotar sus recursos naturales en virtud del principio de autodeterminación. También advirtió que una suspensión del proyecto podría comprometer miles de millones de libras en ingresos previstos para el desarrollo económico de las Malvinas.
Reeves cuestionó además la posición argentina en materia ambiental y recordó que el país lleva adelante actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en su propia plataforma continental. A su vez, rechazó el reclamo de soberanía y acusó a Buenos Aires de haber optado por intensificar sus cuestionamientos en lugar de avanzar en una cooperación bilateral.
En cuanto a los plazos, la representante británica sostuvo que no existe una urgencia que justifique la intervención del Tribunal. Argumentó que la constitución del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo podría concretarse antes del inicio de las perforaciones. En la misma línea, el abogado británico Michael Wood señaló que los trabajos no comenzarían antes de marzo de 2027 y que la extracción de petróleo recién está prevista para marzo de 2028.
Cómo sigue el reclamo argentino
Las audiencias continuarán este miércoles con una segunda jornada de exposiciones y respuestas de ambas delegaciones. Luego, el Tribunal deberá resolver si corresponde adoptar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.
El pedido, presentado el 13 de octubre, contempla cuatro puntos centrales: que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las actividades de explotación vinculadas con Sea Lion, que se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones en el área, que preserve la información obtenida durante las tareas de exploración y que garantice la protección del medio marino.
La intervención del TIDM tiene un alcance limitado: no puede resolver la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, sino que debe determinar si corresponde establecer medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará el conflicto de fondo.
La resolución se espera para las próximas semanas. En caso de que el organismo haga lugar al planteo argentino, el Reino Unido deberá acatar las medidas que disponga. También existe la posibilidad de una aceptación parcial de los argumentos o del rechazo del pedido de medidas provisionales.
