Según un estudio datos del 13° Monitor del Clima Social realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), a un año de la irrupción de la pandemia, en el Área Metropolitana de Buenos Aire (AMBA) aumentaron los niveles de inseguridad social que se desagrega en inseguridades laborales, económicas y alimentarias.
En efecto, las cifras muestran que pese a las políticas públicas desplegadas por el gobierno nacional se observa un aumento del 3% en las “inseguridades sociales” del AMBA respecto del año pasado. Sin embargo, el trabajo del CEM valora las medidas como IFE, ATP; Tarjeta Alimentar, Bonos, Repro 2, etc. Sin ellas, el porcentaje sería mayor.
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El Monitor del CEM -conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham– está basado en una investigación de opinión pública a partir de un total de 2037 entrevistas telefónicas en el AMBA. En el informe final, las muestras se dividieron en tres “indicadores de inseguridad”: situación económica, alimenticia y laboral.
En este marco, el 62% de los consultados del AMBA aseguró que “no le alcanza el sueldo”, un aumento del 3% con respecto a los números del Monitor de mayo de 2020. La pérdida de poder adquisitivo y la caída de ingresos de los hogares provocó un aumento de la inseguridad social y un crecimiento de quienes creen que la situación económica es mala o muy mala. Quienes viven en el segundo cordón del conurbano, los jóvenes y las mujeres son quienes más lo han sufrido.
En términos alimentarios, el 53% dijo que tuvo que recortar las raciones de comida en el último año. En 2020, esa variable había alcanzado el 48%. Por último, el 30% de los encuestados indicó haber pasado hambre en los últimos 12 meses, mientras que el 28 por ciento había respondido eso en 2020. En general, según indicaron desde el CEM, “el malestar social aumentó un promedio de 3 puntos porcentuales respecto de la última medición de mayo de 2020”.
Por otro lado, la incipiente recuperación económica tampoco ha logrado mejorar esta situación. Por el contrario, en abril de 2021, el malestar social en el AMBA aumentó un promedio de 3% respecto de la última medición de mayo de 2020. Según el CEM, la situación es más desfavorable en el conurbano bonaerense, entre las mujeres y entre los jóvenes de 23 a 29 años, especialmente en términos laborales y alimentarios.
“Problemáticas sociales estructurales y la crisis social producto de la crisis económica provocada por el modelo macrista encontraron al nuevo gobierno en una situación complicadísima para enfrentar la pandemia”, explicó Matias Barroetaveña, Director del CEM y agregó: “Frente a eso se dispusieron un conjunto de herramientas de emergencia que han logrado, junto al fuerte entramado organizacional e institucional que, a diferencia de nuestros vecinos, posee la Argentina, impedir que se profundice la crisis social y de representación. Sin embargo, los números de este 13° Monitor del Clima Social describen una situación complicadísima que se sostiene en el tiempo con expectativas negativas que amerita la discusión sobre las nuevas herramientas necesarias en un marco de nuevas restricciones por cuidado que limitaran las oportunidades laborales”.
Por su parte, Pastor Masetti, Director de la carrera de Trabajo Social de la UNAj señaló: “La pérdida de poder adquisitivo y la caída de ingresos de los hogares del AMBA ha provocado un aumento de la inseguridad social y un crecimiento de quienes creen que la situación económica es mala o muy mala. Quienes viven en el segundo cordón del conurbano, los jóvenes y las mujeres son quienes más lo han sufrido”.
“El malestar social de la emergencia sanitaria del AMBA es correlato de la incertidumbre laboral y el precio de los alimentos en una crítica situación social, que en el conurbano, afecta aún más a las mujeres y a los jóvenes menores de 30 años, amplificando las desigualdades previas que se manifiestan en la precariedad laboral, la sobrecarga de los trabajos de cuidado, y la violencia doméstica”, agregó Andrea García Coordinadora del Consejo Social de la Universidad de Hurlingham y concluyó: “Mientras la pobreza aumenta y la desigualdad histórica y estructural se profundiza, las medidas de protección implementadas sin precedentes por el Estado y la eficacia de las redes de protección solidarias constituyen un respaldo vital para las familias en situación de vulnerabilidad social, por lo que señala que se requieren aún más esfuerzos.
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