A las 8:04 de la mañana del 2 de agosto de 2018, Sandra Calamano abrió la puerta principal de la Escuela Nº 49 Nicolás Avellaneda, en el partido de Moreno, y se dirigió al comedor. Unos pasos detrás de ella, la seguía Rubén Rodríguez.
El olor a gas no los alarmó. Después de todo, tan solo un día antes Sandra -la vicedirectora de la institución- había denunciado por octava vez la existencia de una fuga. Y estaba tranquila porque, finalmente, el Consejo Escolar se había dignado a mandar un gasista matriculado que no encontró ningún problema en la instalación.
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A las 8:06, Sandra y Rubén ingresaron al comedor por última vez: un resplandor mortal, seguido de una fuerte explosión, los hizo volar varios metros. El estallido, aparentemente originado por una garrafa tipo “zeppelín”, terminó con sus vidas al instante.
Afuera, aturdidos y en pánico, esperaban una decena de chicos de entre 6 y 12 años que estaban a punto de ingresar a la escuela. Muchos de ellos, vieron a Sandra volar por el paredón que daba al patio principal. Después, el escenario fue invadido por el polvo y el silencio.
De inmediato, los padres de los alumnos comenzaron a mandarse mensajes desesperados: “Urgente! No traigan a los chicos. Hubo una explosión”. “Explotó la escuela. Avisen a los demás papás”. Eran los whatsapps que iban y venían de forma frenética. En minutos, la noticia se conoció en los medios de todo el país: “Dos muertos en una escuela de Moreno por la explosión de una garrafa”.
Sandra Calamano tenía 48 años y estaba a cargo del establecimiento. En tanto, Rubén Orlando Rodríguez, de 45, se desempeñaba como auxiliar docente y trabajaba ahí desde hacía treinta años. Todos los conocían. Todos sintieron un golpe seco en el pecho cuando se enteraron de sus muertes.
Pero a un año de la explosión de la escuela 49, solo hay cuatro personas imputadas y ningún detenido. Dos muertes y ningún responsable.
El municipio a cargo de Walter Festa (Frente Para la Victoria) se desligó del hecho porque el Consejo Escolar estaba intervenido por el gobierno de la Provincia desde el año anterior. Y el gobierno de la Provincia, a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal, se valió de que los reclamos por la fuga de gas se habían atendido a tiempo y se apoyó en los casos de corrupción que se habían dado en el Consejo de Moreno, cuando estaba en manos de la oposición.
Ningún culpable, ningún detenido. Incluso, a un año del caso, la causa ni siquiera se elevó a juicio.
Un persistente pedido de justicia para Sandra y Rubén
“Nosotros seguimos diciendo que la responsabilidad es de Vidal y de (el ministro de Educación Bonaerense) Sánchez Zinny, porque el Consejo estaba intervenido por Provincia”, le dice voz lenta y firme a INFOCIELO, Hernán Pustilnik, docente de la escuela Nº 49 de Moreno.
“A principio del año 2018 se hicieron seis denuncias por una pérdida de gas y por esa razón teníamos el comedor suspendido. Muchos chicos se quedaban sin un plato de comida, porque hoy la mejor comida para los alumnos de Moreno es en la escuela”, cuenta, uno de los testigos del hecho.
En total, Sandra Calamano hizo ocho denuncias desde enero hasta agosto de ese año y desde el Consejo se las recibían sin más. Luego de la tragedia, se demostró que quedaron registradas, pero en pocas ocasiones se atendió al problema. Sólo cuando la comunidad educativa juntó firmas para reclamar, las autoridades enviaron a un gasista.
El miércoles 1, un día antes de la explosión, el profesional, Cristian Riccobene, arribó a la institución y realizó la inspección que pedían hacía meses los directivos. Según pudo saber este medio, el hombre se encontraba debidamente matriculado, pero no estaba habilitado para obrar en escuelas. Mientras que el gasista era nivel tres, para trabajar en instituciones educativas se exige el nivel uno.
“Dijo que no había ninguna pérdida y se fue. De todas formas, nunca cerró la llave de paso”, deslizan desde la escuela. Por esas y otras razones, Riccobene fue el único detenido en las primeras semanas después de la dramática explosión. Se lo imputó por homicidio agravado culposo, precisamente cuando todas las miradas apuntaban hacia calle 6.
Meses después, el gasista fue liberado y desde la comunidad educativa de Moreno, aseguran que la plata de la fianza la puso insólitamente el propio gobierno de la Provincia.
“Acá quieren cortar el hilo por lo más delgado. El gasista tiene responsabilidad, pero el resto también. Prueba de esto es que todavía tenemos más de cincuenta escuelas en Moreno que no están dando clases normalmente por falta de servicios y otros problemas”, responde Pustilnik.
Los docentes no dejan de reclamar porque temen que la muerte de Sandra y Rubén quede en la nada y la impunidad lo arrastre todo. De hecho, el pasado 20 de mayo, un calefactor estalló en la Escuela 27 del Barrio La Esperanza. El saldo fue menor, pero sirvió para acentuar el pedido de mejores condiciones edilicias: un auxiliar quedó aturdido por el incidente y también hubo algunos alumnos mareados por el fuerte olor a gas. La tragedia se pudo haber repetido.
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