De la reunión en cuestión, además de los funcionarios bonaerenses y locales, y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), participaron empresarios platenses de la construcción, entre quienes se encontraban el presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto; el vicepresdente 1ro de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (Apymeco), Jorge Oscar del Río; y el constructor y organizador inmobiliario, Fabián Cusini, entre otros.
“La seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas. Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se virtieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos”, expresaron en el comunicado, que lleva la firma de la Unión Industrial Del Gran La Plata, Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU), el Colegio de ingenieros CIV (La Plata); Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco.
A continuación, el comunicado completo:
A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace 4 años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra Región. La violencia no estaba originada en conflictos laborales. Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la UOCRA nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse “viendo que la problemática sigue su curso” y “no pudiendo cumplir la tarea encomendada”,a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas.
Ante este contexto que padecíamos empresarios y trabajadores, iniciamos gestiones ante distintos gobiernos y representaciones sindicales nacionales a lo largo de más de 20 críticos años para la actividad de la construcción en la Región Capital de La Plata, con el objetivo excluyente de alcanzar un marco adecuado para que tanto trabajadores como empresarios pudieramos desarrollar nuestras tareas en un contexto de respeto por las incumbencias y responsabilidades de las partes.
Siempre reconocimos y valoramos el legítimo e irremplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social. Este vínculo lo hemos desarrollado históricamente, en forma convenida con múltiples gremios, de manera armónica, respetuosa y sustentable en el tiempo; valorando el rol institucional del Ministerio de Trabajo como necesario y excluyente articulador de la relación empleado – empleador.
Nuestra trayectoria se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas. Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se virtieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos.
A lo largo de esos 20 años nuestras presentaciones judiciales ratifican el mismo y recurrente requerimiento de administración de Justicia a quien le compete ese rol. Esta reunión no modificó en nada el espíritu de las mismas, ni la necesidad y legalidad del histórico reclamo de muchas instituciones que dan trabajo a miles de ciudadanos en nuestro país y que se ven perjudicadas por este accionar violento e ilegal, de las cuales todos los actores del sector y funcionarios están al tanto, aunque algunos eligieron en su momento mirar para otro lado.
También muchos de nosotros padecimos durante años amenazas contra nuestras personas y familias por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional. Los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios. Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley.
Firman: Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco, Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); Colegio de ingenieros CIV (La Plata); Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco.
