En medio de la crisis carcelaria que provocó la política punitiva que aplicó la gestión de Vidal, con récord histórico de superpoblación, el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, instruyó a Defensores y Fiscales estudiar la posibilidad de conceder prisión domiciliaria o morigeración de la prisión preventiva, para la población en riesgo alojada en el Servicio Penitenciario bonaerense.
A través de una resolución que firmo hoy, el Jefe de los fiscales –que en la Provincia conduce, además, la defensa oficial de pobres y ausentes- instruyó a los defensores “que procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia, de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto, del requerimiento de medidas de prisión domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva”, a los detenidos considerados “población de riesgo” frente el COVID-19.
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En la misma resolución, instruyó a la otra parte el juicio, los fiscales, a que “en oportunidad de expedirse sobre requerimiento de prisión con detención domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva o sus alternativas, evalúen, prioritariamente, de conformidad a los criterios epidemiológicos vigentes y razones de salud pública, los casos que requieren de una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo”.
Además, reclama atender con idéntico tratamiento, la situación de los menores de edad alojados, junto a sus madres privadas de libertad, “requiriendo de ser posible, de acuerdo a las particularidades de cada supuesto, su inmediato retiro del ámbito de encierro, durante la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.
En llano, Conte Grand habilitó a los defensores oficiales a pedir prisiones domiciliarias y/o alternativas de morigeración de prisión para la población en riesgo, y a los fiscales atender el pedido, sin formular oposiciones.
Se trata de la tercera resolución en el mismo sentido que firmó Conte Grand, luego del cambio de gestión en la Provincia de Buenos Aires, después de ejecutar durante el mandato de María Eugenia Vidal una feroz política punitiva de prisionización que incrementó la población carcelaria a límites de superpoblación histórica, para las cárceles bonaerenses. Esta vez, el cambio de posición que manifiesta el Procurador se cobija, sin embargo, en políticas públicas enmarcadas en la campaña para prevenir la proliferación del Coronavirus.
A los efectos de establecer parámetros de aplicación, la Procuración aclara, en la resolución, la población considerada “de riesgo”, por la Organización Mundial de la Salud:
1. Quienes hayan cumplido 65 o más años de edad;
2. Mujeres embarazadas o en período de lactancia;
3. Personas con depresión inmunológica de cualquier origen;
4. Personas que padezcan diabetes;
5. Personas con insuficiencia renal;
6. Personas hipertensas o con patologías cardiovasculares;
7. Personas trasplantadas;
8. Personas con patologías oncológicas;
9. Personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o cursando infecciones respiratorias;
10. Cualquier otra persona que se considere en mayor riesgo por alguna patología o especial condición de salud fehacientemente acreditada.
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