Un desarrollador inmobiliario de Tandil presentó una denuncia penal contra el intendente Miguel Lunghi por la presunta comisión de delitos vinculados al bloqueo deliberado de un proyecto urbanístico en la denominada Chacra 274, ubicada en la zona de La Porteña. La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal y también alcanza a funcionarios clave del área de Obras Públicas y a particulares.
Según la denuncia, el Municipio habría impedido de manera sistemática el avance del emprendimiento “Miradores de Monte Cristo” mediante decisiones administrativas que no tendrían sustento técnico ni jurídico. El escrito sostiene que el loteo cuenta con un plano aprobado en la década del ’40, previo a la normativa de ordenamiento territorial vigente, lo que —según los denunciantes— le otorga derechos adquiridos.
En la presentación judicial se acusa al intendente Lunghi de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al tiempo que se señala al secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, como responsable directo del bloqueo administrativo. La denuncia afirma que las negativas oficiales no respondieron a observaciones técnicas, sino a una decisión política orientada a frenar el desarrollo del proyecto.
Uno de los ejes centrales del planteo es la supuesta existencia de una “medida cautelar” invocada públicamente por el intendente para justificar la paralización de las obras. De acuerdo con la denuncia, esa cautelar nunca fue dictada ni notificada por la Justicia, lo que configuraría una maniobra irregular que generó perjuicios económicos al emprendimiento al desalentar a potenciales inversores y compradores.
El escrito también denuncia tráfico de influencias y la intervención de un particular que, siempre según la acusación, tendría intereses económicos sobre las tierras en disputa. En ese marco, se aportan audios, registros de reuniones y comunicaciones internas que, a criterio de los denunciantes, probarían que el expediente fue frenado por razones ajenas a la legalidad urbanística.
Además, la presentación menciona presuntas irregularidades en otros actos de la gestión municipal, como la cesión gratuita de tierras fiscales a privados, lo que podría configurar un perjuicio patrimonial para el Estado local. Estos antecedentes son utilizados para sostener la existencia de un modus operandi basado en una “doble vara” en la aplicación de las normas.
La denuncia solicita la apertura de una investigación penal preparatoria, el secuestro de expedientes administrativos, la citación de funcionarios y particulares involucrados y la realización de auditorías sobre las decisiones adoptadas por el Municipio en relación con el proyecto inmobiliario cuestionado.
