El juicio oral que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner por la denominada “causa vialidad” destapó una serie de vinculaciones entre la oposición y la Justicia que muchos definen encuentran como parte del lawfare para perseguir a dirigentes políticos y sindicales afines al gobierno nacional.
Convocados por los jueces Juan Ramos Padilla y Jorge Rachid, miles de personas se congregaron el último sábado en el Parque Centenario bajo una actividad denominada como “Cristinazo” y en repudio a una Corte Suprema “Canalla, corrupta y criminal”.
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“A diferencia de los adversarios políticos, los que asistieron a esta convocatoria no están movilizados por el odio sino por un profundo amor a Cristina”, precisó Jorge Rachid en declaraciones a la agencia NA.
“Mucha gente también se movilizó por la impotencia que produce saber que están deteriorando la democracia que tanto nos costó conseguir y que esta Corte Suprema está dispuesta a ser la cabeza golpista de un proceso institucional” advirtió.
“Gracias Cristina”, “Fuera jueces corruptos”, “No fue magia” y “Todos con Cristina” fueron alguno de los carteles que se vieron durante la movilización, la cual concluyó con el clásico cántico contra la oposición: “Che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar”.
Corrupción o “lawfare” político-judicial?
Las discusiones en torno a la denominada “Causa Vialidad” trascendieron el marco de juzgamiento de un posible delito contra la administración pública y pusieron en jaque los cimientos del poder judicial argentino.
Como nunca antes en la historia del país, las nociones de “imparcialidad” y el rol de “contralor” de la justicia hacia la política entraron en cuestionamientos. ¿Deben centrarse los debates en la solidez o debilidad del material probatorio de la querella o las relaciones de proximidad entre jueces y poder político están viciadas y anulan cualquier tipo de acto procesal como sostiene la defensa de Cristina Kirchner?
La denominada “Causa Vialidad”, se inició hace más de tres años, y que tiene como principal acusada a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner como presunta “jefa de asociación ilícita y defraudación al Estado”.
También aparecen señalados como partícipes de la “asociación ilícita”, Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, Nelson Periotti, exdirector Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, exjefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Juan Carlos Villafañe, Héctor Garro, Raúl Pavesi y José Santibáñez, expresidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Las audiencias se llevan a cabo en el Tribunal Oral Federal N° 2 y están a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a quien la propia Cristina Kirchner acusó de “Tener la condena escrita” durante su declaración testimonial a fines de diciembre del 2019.
Otras de las polémicas, se centra en el control de la sentencia a cargo de los los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky que vienen de ser sobreseídos por sus reuniones con Mauricio Macri en Olivos.
Tras las reactivación de las jornadas de juicio- luego de las audiencias testimoniales- el fiscal Diego Luciani fue el encargado de dar inicio con los alegatos finales (tendrá varias jornadas para exponer los fundamentos de su acusación).
“Al asumir Néstor Kirchner la presidencia y luego su esposa, Cristina Elizabeth Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentable y tristemente haya conocido el país”, lanzó durante su intervención.
Aclaró que “lo extraordinario radica en las características inusuales de la asociación, capacidad de acción merced a una división de roles perfectamente organizada” y se valió de las declaraciones del actual presidente, Alberto Fernández, cuando explicó su salida de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, sostuvo que una de las razones de su renuncia fue “por lo que está pasando en la obra pública”.
Durante su testimonio de indagatoria y a lo largo de sus apariciones en público, Cristina Kirchner introdujo el concepto de lawfare, para describir un complejo entramado judicial, político y mediático que opera sincronizado con el fin de perseguir a dirigentes políticos y sociales.
“Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo” sostuvo, en una recordada intervención.
¿Corrupción o “lawfare” político-judicial? son dos dimensiones centrales en las que los discursos políticos buscan anudar cualquier interpretación de sentido ante cada dato o nuevo hecho que surge en la causa y que superan toda interpretación técnica o legalista.
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