La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense investiga si policías de la comisaría de la localidad de Tolosa, partido de La Plata, interrogaron a un adolescente de 17 años detenido por robo mediante la amenaza de aplicar corriente eléctrica a su cuerpo, informaron fuentes oficiales.
Según la denuncia, el hecho ocurrió ayer en la sede de la seccional ubicada en la avenida 1 entre 528 y 529, donde personal de Asuntos Internos y de la Policía Científica realizaron este mediodía distintos peritajes.
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El hecho trascendió al difundirse un video donde se ve a un adolescente que había sido detenido acusado de robo, y es interrogado por un policía que tras cada pregunta lo amenaza con aplicarle corriente eléctrica a través de una picana.
El adolescente había sido detenido el sábado pasado por los efectivos bajo la acusación del robo de un automotor en la zona de la localidad platense de Gonnet.
Por el robo, se dio intervención al fiscal penal de La Plata Marcelo Martini; en tanto tras la difusión del video en redes sociales el Área de Asuntos Internos inició un sumario administrativo en la seccional.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la tortura, presentó esta tarde una denuncia penal por torturas, que incluye la aplicación de descargas eléctricas con una picana, contra un joven de 17 años. La víctima tiene, además, múltiples lesiones en todo el cuerpo; a pesar de las visibles marcas, las heridas no fueron constatadas durante el reconocimiento médico tras su detención ni a su ingreso al centro cerrado Almafuerte.
La CPM también denunció que el joven fue interrogado de manera ilegal y amenazado para que no contara lo que pasó.
En un comunicado de prensa desde la CPM afirmaron: “Los hechos que se denuncian ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 25 de julio: alrededor de la 5 de la madrugada, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires que patrullaban el barrio Tolosa de La Plata persiguieron durante algunas cuadras al joven; al momento de la detención lo golpearon y le propinaron una serie de culatazos con el arma reglamentaria. Luego fue trasladado a la comisaría 6ª.
En la dependencia policial, lo alojan en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligan a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplican descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales.
El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de ser menor de edad y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño.
Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.
Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo.
Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte; momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.
Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía. En otra de las tantas ilegalidades que tiene este hecho, a pesar de lo dispuesto por la Ley, las autoridades no le dieron intervención a ninguno de los organismos del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además de radicar la denuncia en la justicia, la CPM denunció estas torturas a la Auditoría General de Asuntos Internos.
Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense”.
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