Un 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda, un odontólogo de La Plata e hincha de Estudiantes, asesinó a escopetazos a su esposa Gladys McDonald (57) , a su suegra, Elena Arreche (86), y a sus dos hijas Cecilia (26) y Adriana (24).
Después del cuádruple femicidio, tiró el arma en un arroyo cercano a Punta Lara, y salió a pasear con su amante, Hilda. Pasaron la tarde juntos en un motel y comieron pizza con cerveza en un conocido bar platense. Recién a la noche, cuando volvió a la casona, llamó a emergencias médicas y denunció que habían entrado ladrones. Rápidamente se supo la verdad de lo que había ocurrido. Él mismo confesó el crimen en la comisaría 1ª de la Plata.
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Quien era para muchos un “buen vecino”, un profesional respetado en la ciudad, dentista de miembros de la clase acomodada platense, un hombre tranquilo de aspecto débil, un Don Juan con las señoritas, con un buen pasar económico, se convirtió en un cuádruple femicida de un momento para el otro. Durante gran parte de la investigación y el proceso judicial se debatió acerca del diagnóstico psiquiátrico, si había sufrido un delirio psicótico, si estaba “loco” o si podría ser declarado inimputable. “Tenía buenos modales – llegó a decir en los medios de comunicación el primer perito que lo evaluó – Estaba tranquilo”.
El cuádruple asesino incluso contó públicamente que el móvil de los asesinatos era que en la casa lo llamaban Conchita, como insulto, una clara estrategia para dar lástima y generar empatía con el público masculino y patriarcal.
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LA CONDENA Y EL FINAL
Barreda fue finalmente declarado culpable de homicidio calificado por el vínculo y en 1995 fue condenado a prisión perpetua. En 2008 fue beneficiado con arresto domiciliario, por ser mayor de 70 años, y decidió mudarse con su nueva pareja, Berta “Pochi” André, a quien había conocido en la cárcel, al departamento que ella tenía en Belgrano. A pesar de darle cobijo y contención, él la apodaba Chochán y la maltrataba. Rodolfo Palacios, autor del libro ‘Conchita: Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres’, describió: “Durante el último tiempo la maltrataba porque decía que no lo atendía como correspondía y que estaba muy gorda y que no se cuidaba. Él quería una modelito”.
Para sorpresa de nadie, Berta lo denunció por malos tratos y a fines de 2014, luego de 4 años en libertad, el juez Raúl Dalto decidió nuevamente la detención de Barreda y su regreso a la cárcel por problemas de convivencia y una situación considerada riesgosa para su pareja. En 2016 se declaró “extinguida la pena” y se hicieron “cesar las accesorias legales impuestas”. Barreda quedó en plena libertad . El 25 de mayo de 2020 , a los 84 años, murió solo de un paro cardíaco en el Hogar Geriátrico “Del Rosario”, donde estaba internado desde el 10 de marzo. Antes, había pedido que sus cenizas sean desparramadas en el estadio de Estudiantes, club del que era hincha fanático, pero finalmente esto no sucedió.
La expropiación de la casa como política reparatoria
La casona donde Barreda asesinó a las cuatro mujeres de su familia, ubicada en 48 entre 11 y 12, en el centro de La Plata, permaneció cerrada desde el 15 de noviembre de 1992 hasta el último 22 de septiembre. Ese día comenzó un proceso de limpieza, vaciamiento y puesta en valor, por lo que fueron retirados los restos que quedaban de un Ford Falcon verde y un antiguo DKW en ruinas. Es que dicha propiedad fue estatizada a partir de un proyecto presentado por la Legislatura bonaerense, y cedido a la Municipalidad La Plata para que allí funcione un centro de atención y prevención para víctimas de violencia de género.
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En octubre de 2021 la provincia tomó posesión del inmueble y en ese marco Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, al respecto manifestó: “Las organizaciones pidieron que fuera un lugar de atención y prevención de la violencia y nosotras creemos que también de memoria; la memoria como política reparatoria es muy importante”. Además, a partir de un proyecto presentado por la concejala del Frente de Todos, Ana Castagneto, se consiguió que “todos los bienes inmuebles que el municipio adquiera, de forma directa o, como en este caso, como expropiación de un organismo del Estado, que tengan que ver con causas de violencia de género se deberán destinar a esta temática de género y diversidad”.
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