En materia judicial, la semana inició y concluyó con un tema fuerte sobre la mesa: los alegatos que marcarán la etapa final del juicio por la obra pública en Santa Cruz durante la gestión del kircherismo (2003-2015) que tienen en la mira a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luego de que dirigentes salieran a marcar su apoyo, también lo hizo el partido que comanda su hijo Máximo, el PJ Bonaerense.
“El PJ de la Provincia expresa su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante una nueva embestida de la corporación judicial”, dispararon desde el espacio en un escueto pero fuerte comunicado.
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Vale recordar que la causa investiga la conformación de una presunta “Asociación ilícita” para favorecer el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. Además de Cristina Kirchner, están imputados el empresario Lázaro Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas.
“Queremos brindarle nuestro apoyo unánime a la compañera”, señalaron desde el PJ y agregaron que esta “embestida de la corporación judicial” responde a “intereses partidarios vinculados a Mauricio Macri, cuya gestión dejó consecuencias desastrosas que aún está pagando el conjunto del pueblo argentino”.
Este comunicado llegó luego del último alegato del viernes en donde el ya polémico fiscal Diego Luciani señaló al diputado nacional Máximo Kirchner como uno de los involucrados en la causa.
“Las sistemáticas persecuciones a quien fuera presidenta de la Nación y la mayor referente de nuestro Partido, responden a intereses políticos que nada tienen que ver con la búsqueda de justicia“, sentenciaron desde el justicialismo.
Por último, manifestaron el “repudio a este accionar anti democrático” al tiempo que transmitieron “a la compañera Cristina nuestro respaldo incondicional” porque “el pueblo y la verdad siempre triunfan”, cerraron.
Las audiencias se llevan a cabo en el Tribunal Oral Federal N° 2 y están a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a quien la propia Cristina Kirchner acusó de “Tener la condena escrita” durante su declaración testimonial a fines de diciembre del 2019.
Otras de las polémicas, se centra en el control de la sentencia a cargo de los los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky que vienen de ser sobreseídos por sus reuniones con Mauricio Macri en Olivos.
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