En el segundo día de debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso de la Nación, distintos representantes del sector productivo argentino expusieron en la Comisión de Presupuesto y Finanzas, que ayer tuvo las presencia de los funcionarios del Gobierno nacional.
En líneas generales, las principales cámaras empresarias del país se manifestaron a favor del acuerdo con el FMI, como también lo hicieron los representantes de las PyMEs y de la Confederación General del Trabajo (CGT); mientras que desde la Corriente Federal de los Trabajadores plantearon reparos sobre el post acuerdo, y desde la CTA Autónoma realizaron una profunda crítica y expresaron su rechazo.
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“Creemos que este acuerdo al que llegó nuestro gobierno es el mejor al que se podía llegar para no caer definitivamente en el default”, afirmó el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, quien estuvo acompañado del titular del gremio de estaciones de servicio, Carlos Acuña, mientras que el tercer cosecretario, Pablo Moyano, se ausentó del recinto.
En un sintético discurso, Daer dejó de manifiesto que “nuestra posición es acompañar este acuerdo”, destacó que “es la primera vez en la historia de las discusiones con el Fondo que un acuerdo no se hace con el lomo de los derechos de los trabajadores”, y aseguró que “no hay acuerdo con el Fondo que se pueda festejar”.
Poco antes, el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y referente de Corriente Federal de Trabajadores, Héctor Amichetti, también había manifestado su apoyo al acuerdo con el FMI, aunque planteó una serie de reparos de cara al futuro que, a su criterio, mostrarán “qué decisión y voluntad política hay con respecto a reapropiarnos de nuestra riqueza”.
Desde la corriente que lidera el bancario Sergio Palazzo, mostraron preocupación por las “limitaciones en materia fiscal, las limitaciones monetarias y la cuestión de los subsidios” que se plantean en la letra del acuerdo con el Fondo, y manifestaron que la cuestión central es “cómo logramos una sustancial mejora de los ingresos de las familias de los trabajadores y jubilados”.
En esa dirección, Amichetti expresó que “estamos en una situación de emergencia alimentaria, todos los incrementos salariales se los llevan los alimentos, por lo tanto planteamos la necesidad de establecer un cupo en las materias primas (maíz, trigo, carne) para el mercado interno con precios razonables y desenganchadas de los precios internacionales”.
También, sobre la inflación pidió controlar las estructuras de costos de las grandes empresas productoras de insumos, y afirmó: “desde allí se forman los precios; si controlamos solo los precios en los supermercados, y no controlamos la producción y comercialización de los monopolios y oligopolios, no hay posibilidad de crecimiento en un país que no mejora los ingresos del pueblo”.
A la vez, desde la Corriente Federal solicitaron investigar el proceso de endeudamiento y fuga de capitales, en tanto que “desde allí se debe compensar el padecimiento que está viviendo el pueblo argentino”; exigieron un férreo control del comercio exterior por parte del Estado; y, respecto de la segmentación de tarifas, Amchetti dijo estar de acuerdo aunque expresó que no alcanza y que debe generarse “un debate de cómo se compone la estructura de costos en la Argentina”.
La crítica de las PyMEs al grupo de grandes empresas
La postura del representante de los gráficos estuvo en ligazón con el planteo del titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, quien disparó sus dardos contra el presidente de la UIA y representante de empresas alimenticias, Daniel Funes de Rioja.
“Me hubiera gustado que esté acá para decirle ´basta´ con el aumento del precio de los alimentos, porque el 95% de las empresas del país no estamos en la cadena alimenticia”, cruzó Fernández al abogado de la UIA.
“No estamos en la cadena de comercialización de los alimentos, pero somos los que tenemos que ponerle plata a la gente. Ahora si nosotros le vamos a poner plata a la gente, y no consume lo que nosotros hacemos, qué negocio burdo nos estamos mandando. Entonces, cómo vamos a mejorar el mercado interno si le ponemos plata a la gente y se la llevan muy poquitos”, denunció.
Desde la CGERA indicaron estar a favor del acuerdo “porque sabemos sino qué implica para el empleo y el trabajo; las PyMEs necesitamos mercado interno y para eso, la gente tiene que tener salario, y para eso hay que generar las condiciones para que a la gente le alcance”.
Y remarcó que en el Grupo de los 6, que conforman la Sociedad Rural, la UIA, las cámaras de Comercio y la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Argentinos, “todos coincidieron en lo que piensan y sienten” debido a que “un no acuerdo con el Fondo hace que muchos proveedores de materias primas se irriten, se pongan nerviosos”.
El Grupo de los 6 presiona por no caer en default
Este grupo de grandes empresarios argentinos tuvo cada uno de ellos su tiempo de exposición en el Congreso nacional, en donde también dieron su apoyo al acuerdo con el FMI como un primer paso para la mejora de la macroeconomía argentina y, en especial, con el fin de que el país no entre en mora con el organismo de crédito.
Entre ellos, tuvieron la palabra el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, quien resumió: “Estamos convencidos desde el campo que mucho peor que este acuerdo es un escenario de default”.
Por su parte, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, dio un extenso discurso en el que señaló la importancia del acuerdo con el FMI: “Argentina necesita cerrar esta etapa para generar condiciones de certidumbre macroeconómicas”, aseguró.
Sin embargo, planteó que “el acuerdo con el FMI es el primer paso fundamental en esa dirección, pero no el único”, y enumeró una serie demandas: “un programa macro que trabaje sobre la elevada inflación, la brecha cambiaria y opere con equilibrios tanto del sector fiscal como externo, en la búsqueda de un sólido compromiso exportador con valor agregado”; a la vez que remarcó la importancia de “un sistema tributario que promueva la inversión y no la penalice. El acceso a financiamiento a tasas competitivas con un mercado de capitales fuerte con crédito a largo plazo”.
El contundente rechazo de la CTA Autónoma
Del lado de las voces disidentes, Ricardo Peidró, de la CTA Autónoma, pidió investigar el proceso de endeudamiento llevado adelante por el gobierno de Mauricio Macri e “identificar a los responsables del endeudamiento, para que sean éstos los que deban afrontar el pago del endeudamiento”.
En esa línea, pidió llevar la discusión del endeudamiento a los foros internacionales, como la Asamblea General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia, lo cual permitiría exigir la eliminación de las sobretasas, el alargamiento de los plazos y una reducción del capital adeudado. “Reclamar una quita de la deuda fundada en el incumplimiento por parte del FMI de su propio estatuto en el que se establece un límite de 23.000 millones de dólares de crédito en relación con la cuota que Argentina aporta al organismo”, advirtió.
“Asistimos a una sesión de soberanía, en la que nos someteremos a diez revisiones vinculantes para los desembolsos. No puede aceptarse una revisión de esas características, en tanto que el FMI es co-responsable del endeudamiento en la Argentina”, remarcó además Peidró, y admitió: “Todos saben que el país deberá rediscutir su deuda en 2026”.
Asimismo, al respecto del sendero fiscal trazado por el Gobierno nacional, desde la CTA Autónoma alertaron que “a pesar de las intenciones de reducir el resultado fiscal sin ajustar el gasto, el texto no contiene señales certeras de nuevas o mayores fuentes progresivas de ingresos. Por el contrario, lo negociado prevé no continuar con el aporte a las grandes fortunas y planea reducciones de derechos de exportación de algunos sectores como el agronegocio”.
En esa dirección, Peidró sostuvo que “en el corriente año indica que el esfuerzo fiscal para alcanzar la meta de achicamiento del déficit será mayor que la admitida por el gobierno: al 2022 se dará una reducción de 1,3 p.p. del PBI, equivalente a casi 6.300 millones de dólares, que considerando el 2023 terminaría con un ajuste fiscal equivalente a los 9.000 millones de dólares”.
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