En materia económica, la gestión de María Eugenia Vidal y de Hernán Lacunza tiene (pocas) luces y (muchas) sombras. El logro indiscutible es haber avanzado en el reparto de recursos nacionales. Desde que entregó puntos de coparticipación y dejó que se “congelara” el techo del Fondo del Conurbano, décadas atrás, Buenos Aires se convirtió en el Estado que más aporta al PBI y que menos fondos coparticipables recibe.
De la era Vidal también se recordarán el elevado endeudamiento, la caída de las partidas presupuestarias frente a la inflación ascendente, y una recaudación que sigue dependiendo de Ingresos Brutos y se cae al ritmo de la producción. Estos son los puntos que merecen principal atención por parte de los equipos de transición.
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RECUPERACIÓN DE FONDOS NACIONALES
Antes de asumir el Gobierno, María Eugenia Vidal apostaba a que Mauricio Macri abriera el grifo. Había acordado el desembolso de un fondo de 13 mil millones para “equipamiento e infraestructura”, pero además la recuperación de recursos por hasta “el 25 por ciento de la coparticipación”. La “herencia” era un déficit que calculaba de entre 8 y 10 mil millones. Luego llegarían las polémicas por la “deuda escondida” y los bonos nunca emitidos que el sciolismo dejó listos y que la administración entrante no quiso ejecutar.
Lo cierto es que al asumir Vidal, el aporte bonaerense a la recaudación nacional llegaba al 36 por ciento y los recursos coparticipables implicaban el 18.6 por ciento. Por eso planteó, primero por la vía legislativa -en el Senado nacional- y luego por la vía judicial -vía reclamo a la Corte Suprema- la restitución de fondos. Finalmente, el Gobierno de Macri hizo una propuesta para que la Provincia desistiera de la demanda y la situación se destrabó.
Así, en 2017 logró que mediante la sanción de un “pacto fiscal” en el que participaron 22 de las 24 provincias, se pasara a distribuir el 30 por ciento de la recaudación de Ganancias mediante el esquema que ya regía para la coparticipación primaria. Esto implicó que Buenos Aires pasara de recaudar 650 millones de pesos por año a lograr entre 20 y 25 mil millones.
Pero consiguió a la par recursos “nominales” para llegar a compensar los 65 mil millones que, se estimaba, la Nación le debía a la Provincia. Para 2019, entre la coparticipación de ganancias y los aportes específicos, el “derrame” de fondos debería llegar a 75 mil millones de pesos, según estimaciones de Economía. Así logró llevar el porcentaje de fondos recaudados por nación al 23.3 por ciento, cinco puntos por encima de lo “heredado”.
Pocos años más tarde, con la intervención del FMI y la necesidad de la Nación de sanear su propio déficit, Mauricio Macri y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne transfieron a las Provincias el control de los sistemas de transporte y de distribución eléctrica, con su consecuente carga de subsidios. Para Buenos Aires fueron unos 28 mil millones 2018.
APAGÓN INFORMATIVO
Aún en los períodos más complejos de los gobiernos de los peronistas Felipe Solá y Daniel Scioli, la Provincia exhibió en la página de la Contaduría General de la Provincia los avances de la Ejecución de cada partida del presupuesto.
Partida por partida se confeccionaron y publicaron tablas donde se asentaron los créditos y el monto devengado, de manera trimestral. Durante el gobierno vidalista, los plazos se estiraron, y los detalles fueron desapareciendo. En su lugar se implementaron informes parciales donde no abundaron datos duros sino diagnósticos parciales.
Las cuentas públicas son actualmente materia de debate y desciframiento por parte de las nuevas autoridades, y más teniendo en cuenta que el último Informe Trimestral de Deuda refiere al 31 de marzo de 2019, fue publicado los primeros días de junio y que sólo refiere a un “Avance sobre la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires”, de sólo una página de extensión y donde se omiten datos como la composición por moneda y por tipo de instrumento, el perfil de los vencimientos y por supuesto, los cuadros consolidados completos.
LA DEUDA QUE GALOPA
El stock de la deuda pública de la Provincia de Buenos Aires, medido en pesos, es materia de especulaciones. Distintas estimaciones la ubican por encima de los 750 mil millones, una cifra que compromete una proporción importante del Presupuesto. Lo que no se discute es su composición: el 80 por ciento está nominada en dólares, frente a acreedores privados y externos. Y cada vez que la cotización de la moneda estadounidense sube, los bonaerenses debemos más.
Por eso, y a pesar de que el Estado provincial recauda pesos, Vidal prefiere contarla en dólares. Dice que “heredó” una deuda de 9 mil millones, que se convirtieron en 11 mil a medida que se fueron abriendo los arcones de la herencia sciolista, donde detectó “deuda no registrada”. Sus acreedores eran organismos del propio Estado, y los compromisos estaban nominados en pesos, con lo cual nadie puede entender por qué la contabiliza en dólares.
En detalle: la Provincia debe pagar a diez años capital y servicios de deuda. La mayor cantidad de compromisos (54%) son pagaderos entre el primer y el quinto año; luego, el 28,3% tienen vencimientos a más de cinco años, y en menor medida (17,7%) en menos de un año. Esto significa que 9 de los 12 mil millones que debe la Provincia vencen en los próximos cinco años.
El problema de la deuda es que atender a los compromisos que genera deja menos recursos para ofrecer servicios básicos que la Provincia tiene muy postergados, como Educación, Salud, Seguridad y Obras Públicas, cuyos presupuestos empequeñecen minuto a minuto comparados con los pagos de capital e intereses a acreedores.
Pero más allá de los bonos y los préstamos, en los últimos meses de gestión empezó a causas preocupación la denominada “deuda flotante operativa”, que se trata específicamente de una porción de la deuda pública contraída a muy corto plazo mediante bonos y letras del tesoro. El Jefe de Gabinete la estimó en 70 mil millones de pesos. La Provincia apuesta a un salvataje de la Nación o a créditos del BAPRO o del BNA para aliviar ese bache fiscal. Ninguna de las opciones parece viable.
LA FRAZADA CORTA DE LA RECAUDACIÓN
La deuda que heredará Axel Kicillof el 10 de diciembre será más grande que la recaudación. Es que, al igual que a nivel nacional, el punto mínimo de la relación endeudamiento-recaudación se produce en 2014 y 2015, al reducirse la deuda en poco más del 70%. Pero en 2019, el incremento de la deuda lleva el guarismo a 46,8.
Una de las funciones del endeudamiento es atender un creciente déficit fiscal que provoca la caída de la recaudación y de la actividad económica, y también la quita de impuestos a sectores concentrados; y, por supuesto, al repago de vencimientos de deuda y financiamiento de fuga de capitales. Por lo que se genera una espiral descendente de los indicadores.
Según un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en información oficial, en el año 2015 la deuda de la provincia de Buenos Aires ascendía a $121.494 millones y la recaudación era de $196.347 millones desagregados en recursos propios por $118.778 millones y $77.569 millones de coparticipación. Es decir, se produjo una brutal caída del endeudamiento relativo, que pasó a representar sólo 0,62 veces la recaudación anual.
Pero, a partir de 2016 se percibe un cambio en el sentido de la curva, y la estimación de deuda arrojada a finales de 2019 ascendería a $708.028 millones. La recaudación propia de PBA sumaría $342.045 millones, mientras que la coparticipación ascendería a $343.339 millones. En definitiva, la deuda “pesará” 1,03 de la recaudación anual.
EL PRESUPUESTO PIERDE CONTRA LA INFLACIÓN
Los presupuestos anuales de la gestión de María Eugenia Vidal quedaron sistemáticamente distorsionados con la inflación. Esto se debe a que buscó un congelamiento sobre la base de una inflación estimada muy optimista, por lo que tanto los ingresos como el gasto quedaron por debajo de los resultados finales.
Durante los primeros dos años, la ley de leyes provincial se mantuvo con un crecimiento por encima del índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial. El primer presupuesto elaborado por la gestión de Cambiemos elevó las proyecciones de 246 mil millones de pesos en 2015 a 354 mil millones de pesos en 2016, lo que equivale a un incremento del 44% contra una inflación del 40,3% para el período en cuestión.
En la misma línea se trabajó el año siguiente, con un incremento de las planificaciones para el 2017 de 47% contra un aumento sostenido y generalizado de los precios de solo el 24,8%. Pero en 2018 las cosas cambiaron: la crisis cambiaria derrumbó el peso, se elevaron el riesgo país y las tasas de interés y, por supuesto, los precios se dispararon, como antesala del acuerdo con el FMI.
Para el período, la inflación oficial estimada en el presupuesto –que se quedó corta- fue del 47,6%, frente a un incremento de las partidas presupuestarias del 20%. Un desfasaje del 27% que se vio reflejado en el desfinanciamiento de ministerios y aumento del endeudamiento.
Finalmente, en 2019 la provincia incrementó las partidas totales de 629 mil millones de pesos en 2018 a 929 mil millones en 2019, equivalente al 48%, una vez más por debajo de la inflación oficial que para el corriente se estimó en 53,5%. En consecuencia, durante el 2019, los intereses de la deuda crecieron 100% con un tipo de cambio a 40 pesos; y los ingresos tributarios, muy lejos de caer, crecieron 57,6%.
La explicación de fondo para todos los síntomas que se consignan en este informe apunta a que Vidal no encaró ninguna reforma estructural que permitiera cambiar un estado de situación que, en rigor, viene de administraciones anteriores y que, a partir de un fuerte endeudamiento en dólares encarado por esta gestión, se agravó notablemente. La deuda bonaerense se quintuplicó y si nadie lo advirtió a tiempo fue, en parte, por el “apagón informativo” que provocaron Vidal y Lacunza.
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