Luego de una cumbre en la Casa Rosada en la que doce de los veinticuatro gobernadores decidieron ampliar el pedido de juicio político que impulsó Alberto Fernández y hacerlo extensivo a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el petitorio ingresará a la Cámara de Diputados para que trate el proceso que deberán atravesar los magistrados y, en caso de que avanzar, girar al Senado para el juicio definitivo.
Según explicó Jorge Capitanich, el pedido se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece que únicamente la Cámara de Diputados puede acusar ante el Senado a los miembros de la Corte, “en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.
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Antes, la denuncia ingresará a la Comisión de Juicio Político quien tratará el pedido de remoción de los cortesanos y comenzará las investigaciones correspondientes. En caso de que obtenga la aprobación, se girará a la cámara alta para que lo trate el parlamento. Desde el momento cero el poroteo será clave para las intenciones de Alberto Fernández y la mitad de los gobernadores.
Como bien explicó Capitanich ante la prensa, la comisión de juicio político no parece un escollo para los planes del oficialismo, ya que allí tienen mayoría. Está presidida por la legisladora oficialista Carolina Gaillard y compuesta por otros 30 miembros: quince del Frente de Todos, uno de Identidad Bonaerense y catorce de Juntos por el Cambio, divididos en siete del PRO, cuatro de la Unión Cívica Radical, dos de la Coalición Cívica y una legisladora de Evolución Radical. En el peor de los escenarios, el oficialismo “ganaría” 16 a 15.
Distinto es en la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos necesita los dos tercios para que el juicio político continúe su recorrido y gire el proyecto al Senado. Es decir que de los 257 miembros que componen la cámara alta, el oficialismo necesita que al menos 171 alcen la mano para aprobar el procedimiento. Parece una misión imposible: entre sus diferentes bloques, Juntos por el Cambio suma 107 votos.
Pese a que parecería que la aventura del Presidente y los Gobernadores pareciera terminar ahí, Axel Kicillof se mostró optimista: “El presupuesto parecía que no se iba a poder aprobar y se aprobó. Uno no se puede adelantar a la evolución de los hechos”, sostuvo el gobernador bonaerense, quien convocó a los opositores que lean el pedido de juicio político y consideren sumarse.
En efecto, luego de intensas negociaciones el oficialismo logró que el presupuesto 2023 obtenga 180 votos y sea aprobado -a diferencia del presupuesto anterior, que fue rechazado-. No obstante, son dos proyectos completamente diferentes y el destino podría ser muy diferente. El antecedente inmediato es la falta de quórum en la última sesión del año. Por lo pronto, Juntos por el Cambio ayer manifestó el rechazo al juicio político y se espera que vote en contra de la medida.
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