Según el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) Javier Milei firmó 38 decretos de necesidad y urgencia (DNU) en lo que va de 2024. En algún punto, esto se explica por la extrema minoría que tiene el libertario en el Congreso de la Nación. Pero también es cierto que varias normas no revestían ni necesidad ni urgencia.
En este escenario, el bloque de diputados nacionales Encuentro Federal impulsó un proyecto (de 16 que había) para modificar el régimen legal de los DNU. Particularmente, quieren cambiar dos cosas: los plazos para el Congreso y las condiciones del rechazo. Ayer, en lo que fue la segunda reunión del plenario de comisiones encargado de trabajar en el tema, hubo avances.
Según se informó oficialmente, los legisladores firmaron un dictamen de mayoría con 36 firmas provenientes de Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre. El problema es que salieron otros tres despachos de minoría (uno de rechazo firmado por La Libertad Avanza, otro de Juan Manuel López (Coalición Cívica) y otro de Karina Banfi (UCR).
El dictamen de mayoría propone dos cosas: que el plazo del Congreso para tratar los decretos de necesidad y urgencia sea de 90 días corridos desde su publicación y que se necesita la aprobación de ambas cámaras para que queden firmes.
Actualmente, no hay plazos establecidos para que diputados y senadores traten un DNU. A su vez, basta con que una de las dos cámaras lo respalde para que ya quede vigente. Esto, regulado por una ley aprobada durante la gestión de Cristina Kirchner, hace que sea más difícil anular los decretos. De hecho, el primero en la historia democrática argentina que corrió esa suerte fue el que le asignó fondos millonarios a la SIDE.
Lo cierto es que el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en sesión. La próxima vez que sesione la Cámara de Diputados de la Nación podría aprobar la modificación y girarla al Senado para su análisis. Se trata de un movimiento que el Gobierno Nacional sigue de cerca (y quiere frenar) porque le quitaría una de sus principales herramientas de gestión.
¿Se viene el veto?
Como se dijo, el presidente de la Nación ya firmó casi 40 DNU, pero su segunda herramienta legal favorita es el veto. En sus propias palabras, toda Ley que atente contra el equilibrio fiscal será impugnada y así lo hizo con la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario.
En este caso puntual no está en juego el déficit fiscal ni ningún gasto público. Sin embargo, Milei ya dijo que “si sale la reforma se veta”. “Lo que están tratando de hacer es un golpe de Estado, están queriendo cambiar las reglas de juego a mitad de camino”, argumentó.
