La Corte Suprema de Justicia se declaró hoy competente para evaluar el pedido de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales en el distrito, y anticipó que será un trámite sumarísimo.
“Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte”, resolvió la Corte Suprema hoy y le otorgó un plazo de 5 días de la Jefatura de Gabinete de la Nación para que aporte las pruebas que considere pertinentes para argumentar la suspensión de las clases presenciales.
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La disputa por la continuidad de las clases presenciales, que Juntos por el Cambio tomó como caballito de batalla electoral, se centró en el ámbito judicial tras un fallo de la Cámara de Apelaciones que el domingo avaló la vuelta a las aulas pese al decreto que ordenaba volver a la virtualidad en el AMBA, frente a la exponencial suba de contagios de coronavirus.
La decisión de la Corte Suprema se dio con el voto en disidencia de la ministra Elena Higthon de Nolasco, y se dio luego de que la procuradora de la Ciudad Laura Monti dictaminara que la Corte está facultada para entender en la presentación que realizó el gobierno de la Ciudad.
El ex presidente Mauricio Macri festejó hoy en sus redes sociales la decisión de la justicia porteña de ordenar la continuidad de las clases presenciales, y criticó: “Al mismo tiempo, no puedo dejar de lamentar la actitud y los exabruptos de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la de los gremios docentes que hacen un uso político de la situación y actúan en contra de los alumnos por los que dicen trabajar”.
Durante la mañana de hoy, distintos funcionarios de la Provincia se refirieron al debate por las clases presenciales que propicia la oposición.
En esta dirección, el ministro de Economía, Pablo López, publicó datos de la ejecución presupuestaria durante la gestión de María Eugenia Vidal, y reveló que la ex gobernadora disminuyó el presupuesto destinado a la educación del 31,7% al 26,9% en sus cuatro años de gestión.
Mientras que según López, “la desinversión en Educación durante 2015-2019 no solo se dio en la Provincia, sino que fue una política de Estado durante la gestión de Macri. Mientras en 2015 se había cumplido la meta de la Ley de Educación Nacional con una inversión del 6,1% del PBI, en 2019 cayó a 4,8%”. A la vez que destacó lo que consideró los logros de la actual gestión en materia educativa.
También, el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, salió al cruce de la oposición sobre su proclama en defensa de la educación, y señaló que “De los edificios de salud de los que habla (María Eugenia Vidal) durante sus 4 años de gestión, 125 eran obras paralizadas que reactivamos y finalizamos en 6 meses de nuestra gestión”.
Los intercambios de tuis, datos y opiniones entre el oficialismo y la oposición no quedó solo en el ámbito de las redes sociales y los medios de comunicación. Por el contrario, a la decisión de Larreta de recurrir a la Justicia para que las clases sigan de modo presencial durante las dos semanas en que están vigentes las últimas medidas de Alberto Fernández, los cruces arribaron al ámbito judicial.
La jueza federal María Servini quedó a cargo, por ejemplo, de otras dos denuncias presentadas en las últimas horas en los Tribunales Federales de Retiro vinculadas al decreto presidencial 241/2021. Una de ellas, la radicó la abogada Valeria Carreras contra el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y la referente del PRO, Patricia Bullrich, por “violación de medidas para la propagación de una epidemia y asonada”.
La otra denuncia se presentó contra Mauricio Macri y también resultó sorteada en el juzgado de Servini, por supuesta “instigación a cometer delito, resistencia o desobediencia a funcionario público y violación de medidas para la propagación de una epidemia”.
Mientras que en otro orden, el juez federal en lo Civil, Contencioso y Administrativo de San Martín, Oscar Papavero, rechazó una medida cautelar presentada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, contra el decreto 241/2021 que suspendió las clases presenciales alegando una cuestión de competencia.
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