La crisis del empleo y el entramado productivo argentino muestra un deterioro sostenido desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Así lo refleja un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que identificó al menos 953 casos de conflictividad laboral entre enero de 2024 y el 5 de noviembre de 2026, en un escenario atravesado por el ajuste fiscal, la apertura importadora y la caída de la actividad económica.
El sector más golpeado fue la industria, que concentró el 65,3% de los conflictos registrados. Dentro de ese universo, los rubros textil, alimenticio, metalúrgico y siderúrgico aparecen entre los más afectados, en un contexto que el informe vincula con los efectos de la apertura de las importaciones. Los servicios representaron el 15,9% de los casos, el comercio el 8,4% y el sector primario el 7,9%.
El principal motivo de conflicto fueron los despidos, que explicaron el 53,7% de los episodios relevados. Sin embargo, detrás de ese indicador aparece otro dato que expone la profundidad de la crisis: los cierres de empresas representaron el 17,5%, las situaciones de crisis el 10,7% y las suspensiones el 9,1%.
El panorama se vuelve todavía más preocupante al observar la evolución de los conflictos. Según CEPA, los casos vinculados con cierres de plantas o empresas, quiebras y concursos preventivos pasaron de representar el 6,2% del total en 2024 al 17,6% en 2025 y al 39,9% en lo que va de 2026. Más aún: durante el segundo semestre de este año, más de la mitad de los conflictos relevados (56,5%) correspondió a alguna de esas tres situaciones.
“Con el correr de los meses ganaron peso los desenlaces más graves”, advierte el documento, que identifica al menos 46 empresas que comenzaron con despidos, suspensiones o situaciones de crisis y terminaron posteriormente en cierres, quiebras o concursos preventivos.
La industria y las PyMES, en el centro de la crisis
El relevamiento también pone el foco sobre el tamaño de las empresas afectadas. Las pequeñas y medianas empresas concentraron el 41% de los conflictos laborales, seguidas por los conglomerados extranjeros (23,5%) y las grandes empresas (21,8%).
Para CEPA, el panorama de las PyMEs está condicionado por la continuidad de la caída del consumo y la apertura importadora. El informe también señala que, en numerosos conglomerados extranjeros, las empresas comenzaron a importar productos en lugar de continuar fabricándolos en el país o avanzaron con despidos ante la contracción de la demanda.
La conflictividad tampoco se mantuvo estable a lo largo de la gestión. Uno de los datos más significativos aparece después de las elecciones legislativas de octubre de 2025: mientras entre enero de 2024 y octubre de 2025 se registraban en promedio 25 conflictos laborales por mes, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 la cifra trepó a 33.
El organismo plantea que esa evolución contradice la explicación que inicialmente ensayó el oficialismo, que atribuía la conflictividad a razones políticas. “El aumento de la conflictividad no se debe a una razón política como mencionaba el oficialismo en un primer momento, sino que tiene que ver con una profundización de la crisis económica”, sostiene el documento.
Empresas que pasaron de los despidos al cierre
Entre los casos que ilustran ese recorrido aparecen empresas de distintos sectores y provincias. El informe menciona a Dass, que después de sucesivos despidos y retiros voluntarios terminó cerrando su planta de Eldorado, Misiones, en julio de 2026.
También figura Electrolux, que comenzó con suspensiones rotativas para 400 trabajadores, luego dejó de producir heladeras y finalmente cerró su fabricación en Rosario. En el sector alimenticio, Granja Tres Arroyos acumuló despidos y deudas salariales, cerró su planta La China y avanzó con un concurso preventivo, mientras que SanCor terminó en quiebra en abril de 2026, con 917 trabajadores alcanzados.
El listado incluye además a Metalfor, Musimundo, Linor y Unionbat, entre otras firmas que atravesaron distintos procesos de despidos, cierres, deudas salariales y concursos preventivos.
En su conclusión sectorial, CEPA advierte que la crisis industrial atraviesa actividades muy diversas, desde la metalmecánica y la maquinaria agrícola hasta la industria alimenticia, textil, electrónica, automotriz y siderúrgica.
Con casi tres años de gestión libertaria, los datos del relevamiento muestran una transformación en la naturaleza de los conflictos laborales: de los despidos y las suspensiones a la desaparición de establecimientos productivos. Un proceso que golpea especialmente a la industria nacional y a las PyMEs, en un contexto de caída del consumo y apertura comercial.
