La Justicia federal ordenó el decomiso de distintos bienes vinculados a Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte, el exjefe de la barra brava de Rosario Central, en el marco de una causa por lavado de activos. La resolución fue firmada por el juez federal Carlos Vera Barros, tras un pedido presentado por cuatro fiscales.
La medida comprende una camioneta Ford Ranger, una propiedad ubicada en la zona norte de Rosario y las participaciones societarias que Bracamonte tuvo en seis empresas. El procedimiento se enmarca en una investigación destinada a determinar el origen de su patrimonio y su posible vinculación con actividades ilícitas.
Qué bienes de Pillín Bracamonte decomisó la Justicia
De acuerdo con la resolución judicial, los bienes alcanzados por el decomiso son:
- Una camioneta Ford Ranger.
- Una vivienda ubicada en Álvarez Thomas al 1800, en Rosario.
- Participaciones societarias en ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
La decisión fue adoptada bajo la figura del decomiso sin condena, una medida que permite avanzar sobre bienes vinculados a determinadas actividades ilícitas aun cuando no exista una condena penal contra la persona investigada, siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes.
En este caso, la medida se produjo después del asesinato de Bracamonte, ocurrido el 9 de noviembre de 2024, a pocos metros del estadio Gigante de Arroyito.
La investigación por lavado de activos y las presuntas extorsiones
El expediente busca establecer cómo se conformó el patrimonio del exjefe de la barra brava canalla y si los bienes adquiridos guardan relación con presuntas maniobras extorsivas y coacciones sobre empresas contratistas vinculadas a la industria de la construcción en el cordón industrial.
Según los fundamentos del fallo, existía una desproporción entre los ingresos declarados por Bracamonte y el patrimonio que llegó a acumular. La resolución también hizo referencia al presunto uso de testaferros para registrar bienes y participaciones empresariales a nombre de terceros.
La investigación apunta a determinar la procedencia de los fondos utilizados para adquirir esos activos y su posible relación con actividades delictivas vinculadas tanto al sector de la construcción como al entorno de la barra brava de Rosario Central.
Qué fiscales impulsaron el decomiso
El pedido fue presentado por cuatro fiscales federales: Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); Federico Reynares Solari, del Área de Casos Complejos; y Juan Argibay Molina y Diego Velasco, vinculados a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La solicitud también contó con el aval de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que interviene en la prevención y el análisis de operaciones sospechosas de lavado de activos.
Durante el proceso, además, participó una defensora de menores en representación de los herederos menores de edad de Bracamonte, quienes no formularon pedidos ni presentaron oposición a la medida, según la información publicada.
El decomiso representa un nuevo avance judicial sobre el patrimonio del exlíder de la barra de Rosario Central, cuya situación económica y sus vínculos comerciales continúan bajo análisis en el marco de las investigaciones judiciales.
