El sobreendeudamiento de las familias santafesinas fue el eje de una jornada de debate realizada en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, donde especialistas, legisladores, instituciones y organizaciones sociales analizaron el crecimiento de la morosidad y el impacto de la situación económica sobre los hogares.
El encuentro fue impulsado por la diputada provincial Gisel Mahmud, autora de un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios que busca fortalecer los controles sobre los prestadores de crédito y establecer mecanismos para que las familias puedan renegociar y sanear sus deudas.
Durante la actividad, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en herramientas de prevención, asesoramiento y protección de los consumidores frente a una problemática que afecta a miles de hogares de la provincia.
Sobreendeudamiento en Santa Fe: las cifras que preocupan
Durante la apertura, Mahmud advirtió que el crecimiento del endeudamiento está relacionado con decisiones de la política económica nacional. Según los datos citados durante la jornada, más de 412 mil santafesinos se encuentran en situación de deuda irregular.
Además, estudios de DEMOS señalan que el 81% de las deudas se origina en la refinanciación de tarjetas de crédito y en la solicitud de préstamos personales para afrontar gastos cotidianos.
“Algunos años atrás, el crédito era una escalera para proyectar el futuro, para pensar en una vivienda, en un emprendimiento. Hoy está pasando a ser un salvavidas para solventar los gastos de todos los días”, sostuvo la legisladora.
En esa línea, agregó: “Cada vez es más rápido sacar un crédito y cada vez cuesta más pagarlo”.
La diputada recordó que el Bloque Socialista impulsa un sistema de protección de consumidores y usuarios que contemple herramientas de prevención, asesoramiento, mediación y conciliación.
Entre las propuestas, destacó la creación de un sistema extrajudicial de saneamiento de deudas, un procedimiento gratuito y ágil que permita reunir a los acreedores en una única instancia para renegociar las obligaciones con asistencia de un equipo de abogados. El objetivo es evitar que las familias deban negociar cada deuda por separado.
La morosidad creció y ya alcanza a uno de cada cuatro deudores
El economista Emiliano Libman, integrante del centro de estudios Fundar, analizó la evolución del crédito y la morosidad en el país. Según los datos expuestos, durante 2024 los préstamos personales aumentaron un 134% en términos reales, mientras que la morosidad pasó del 2,8% en mayo de ese año a alrededor del 12,8% en mayo de 2026.
En Santa Fe, Libman estimó que unas 400 mil personas están en situación de mora, lo que representa aproximadamente uno de cada cuatro deudores.
El economista vinculó este escenario con la pérdida de poder adquisitivo, la expansión del crédito y el incremento de las tasas de interés. Si bien destacó la importancia de fortalecer los mecanismos provinciales de defensa del consumidor, advirtió que las medidas aisladas no alcanzan para resolver el problema.
“Todas las familias endeudadas no pueden salir de la situación si la economía no les da una respuesta aumentando sus ingresos”, sostuvo.
Reclaman una ley provincial de protección al consumidor
Por su parte, la abogada María Paula Arias, presidenta de la Asociación Civil para la Protección y Educación del Consumidor, puso el foco en la necesidad de actualizar las herramientas legales frente al avance del sobreendeudamiento.
Arias destacó que la nueva Constitución de Santa Fe reconoce, en su artículo 32, el derecho de acceso al consumo y establece una protección especial frente a esta problemática.
En ese sentido, afirmó que “existe un mandato constitucional de que se dicte una norma de implementación” y señaló que, según su exposición, Santa Fe es la única provincia del país que no cuenta con una ley provincial de implementación de los derechos del consumidor.
La especialista consideró que las medidas actuales resultan insuficientes y planteó la necesidad de avanzar en mecanismos de prevención, asesoramiento y renegociación de deudas.
También cuestionó las prácticas de las entidades financieras que otorgan créditos sin evaluar adecuadamente la capacidad de pago de quienes los solicitan.
“El proveedor debe asumir los riesgos que contribuyó a generar”, sostuvo, al referirse a la responsabilidad de los prestadores de dinero en el proceso de endeudamiento.
Organizaciones y especialistas debatieron posibles soluciones
La jornada reunió a representantes de organizaciones de defensa de los consumidores, entidades financieras, universidades, centros de estudio, organismos públicos, colegios profesionales y organizaciones sociales.
Durante las exposiciones se compartieron estadísticas, experiencias territoriales, diagnósticos académicos y perspectivas jurídicas sobre el impacto del endeudamiento en las economías familiares.
Entre los participantes hubo coincidencias sobre la necesidad de combinar medidas de respuesta inmediata con soluciones estructurales. Los expositores advirtieron que los mecanismos legales y administrativos vigentes no alcanzan para responder a la magnitud de la crisis que atraviesan las familias.
Del encuentro participaron Eugenio Serafino (DEMOS Centro de Estudio); Alexis Marega (UCSF); Ezequiel Vázquez Grosso (CEPA); Liliana Dillon (UNL); Horacio Coutaz (Subsecretaría de Recursos Humanos y la Función Pública de Santa Fe); Lavih Abraham (MATè Economía); Andrea Cuevas (Movimiento Los Sin Techo); Florencia Gentile (Municipalidad de Santa Fe); Arístides Lasarte (Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades); y los diputados Mariano Cuvertino, Lucila De Ponti, Germán Scavuzzo, Marcos Corach y Sergio Rojas.
También estuvieron presentes el juez civil y comercial de Rafaela Marcelo Gelcich; Santiago Barbarach y Claudia Francavilla, del Instituto de Derecho Concursal de Rosario; Leandro Busatto y Macarena Garfagnoli, del Colegio de Abogados de Rosario; Ángel Moia, del Foro de Jueces Concursalistas; Gonzalo Sozzo (UNL); Virginia Dagotto (UNR); Joaquín Lucero (Vector Regional); Carlos Ghisolfo y Narciso Carrizo, de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas; Claudio Forneris, del Banco Municipal de Rosario; Jorge Chiabrando, de la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de Santa Fe; y Ariadna Ciammarriello, de la Oficina de Derechos Ciudadanos, Usuarios y Consumidores de Rosario.
Además, asistieron Érica del Elce (APRECO), Bruno Biancaria (UIF) y Luciano Flores (BCSF).
El debate dejó planteado el desafío de fortalecer la protección de los consumidores y crear mecanismos efectivos para que las familias puedan salir del sobreendeudamiento, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos y las crecientes dificultades para afrontar los gastos cotidianos.
